Los dos proyectos de ley fueron firmados por quince diputados nacionales de distintas fuerzas políticas -Alternativa para una República de Iguales (ARI), del Frente País Solidario (Frepaso), del Frente para el Cambio y del Partido Justicialista- que se comprometieron a impulsar su tratamiento en el recinto. Los quince legisladores firmantes del proyecto son Elisa Carrió, Alfredo Bravo, Mario Cafiero, María América González, Jorge Giles, Marcela Bordenave, Eduardo Macaluse, Elsa Quiróz, Héctor Polino, Federico Soñez, Gustavo Cardesa, Oscar González, Jorge Rivas, Fernando Melillo y Alfredo Villalba. La iniciativa cuenta además con el apoyo de otros legisladores que, como la titular del Frente para el Cambio, Alicia Castro, no pudieron compartir la autoría por razones reglamentarias.

"Esta iniciativa ataca los problemas económicos como la reactivación y la falta de consumo, porque si tenemos un país parado no es por lo piquetes o por las huelgas", afirmó Macaluse.

Por su parte, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro anunció que el proyecto será divulgado "en más de 100 ciudades entre los días 11 y 21 de septiembre próximos", en lo que será una amplia movilización nacional del Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza. Según adelantó el líder sindical, esa tarea finalizará en Buenos Aires con "un acto de repudio al ajuste y al recesión".

La iniciativa elaborada por el Frente Nacional de la Pobreza -que integran organizaciones sociales y políticas- declara la emergencia social en todo el territorio nacional con el objeto de garantizar que ningún hogar quede por debajo de la línea de pobreza establecida por el indicador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Para cumplir ese cometido, la iniciativa impulsa el establecimiento de un seguro de empleo y formación que garantice a todos los jefes de hogar desocupados una prestación uniforme de 380 pesos, una asignación de 60 pesos mensuales por cada hijo y pensiones a la vejez a los hombres de 65 años que no tengan cobertura previsional y a las mujeres a partir de los 60.

Respecto a cómo se reunirían los fondos para afrontar el programa de renta mínima que impulsa el proyecto, el diputado Macaluse indicó entre otras medidas que si se combatiera la evasión impositiva, se restituyeran los aportes patronales y se mejorara la recaudación tributaria por mayor nivel de actividad en lugar de apostar al ajuste, el Estado podría recaudar unos 23 mil millones de dólares anuales adicionales.

El economista de CTA, Claudio Lozano, dijo que el gobierno sostiene que el déficit fiscal que acumula la Nación y las provincias asciende a 13 mil millones de dólares, pero si se tienen en cuenta algunas vías de egresos fiscales se podría concluir que el estado es en realidad superavitario.