Fuentes parlamentarias consignaron que justicialistas y radicales intentaban estos días sellar un acuerdo para sancionar el miércoles que viene el paquete cerrado de los proyectos que establecen, entre otros puntos, pautas para el financiamiento partidario y para el desarrollo de las campañas proselitistas. Sin embargo, aunque el cuerpo legislativo cuenta con la predisposición de todas las bancadas de encarar el debate de la tan mentada reforma política, lo cierto es que la posibilidad de dar sanción en una sola sesión a las tres iniciativas aprobadas en el Senado sin modificaciones parece ser un objetivo ciertamente inalcanzable.

Tanto los diputados del Frepaso como los de los bloques ARI y Frente para el Cambio propugnan la incorporación de algunos aspectos dentro de la reforma política que resultan contrarios o cuestionadores de ciertos puntos aprobados por el Senado.

Los informantes consignaron que el acuerdo que comenzaron a tejer el bloque de la UCR y el del PJ para dar "un rápido tratamiento" a la reforma busca, por un lado, "ofrecer una respuesta concreta desde el Congreso a la demanda que existe en la sociedad para que la dirigencia política asuma un cambio". Sin embargo, por otro lado, las fuentes indicaron que el consenso que intentan construir las dos principales bancadas del cuerpo responde a la "urgencia" que tienen ambas fuerzas políticas porque el Congreso determine el aporte estatal a los partidos, para poder recibir esos fondos antes de los comicios de octubre.

En este sentido, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos aprobado por el Senado el martes pasado en un confuso trámite en el que los senadores votaron el proyecto con diferentes textos en sus bancas aborda esta temática, que urge a los partidos de cara a las elecciones legislativas.

Por otro lado, el proyecto fija como tope para los gastos de campaña el equivalente a un peso por cada elector y como piso los 500 mil pesos, en tanto con respecto a los aportes privados la confusa votación hizo que no quedara claro si el máximo permitido será del 2 o del 10 por ciento del total de gastos permitidos. La desprolijidad que signó a la discusión del último de los proyectos de reforma política considerado por el Senado se vio reflejada después en la demora en el ordenamiento del texto aprobado, que hasta ayer no había ingresado formalmente a la Cámara de Diputados.

El aspecto de la reforma política que promete generar mayores conflictos en el debate en el recinto de la Cámara baja es el que se refiere al financiamiento de los partidos políticos y a la definición de topes para los gastos de campaña.