El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Rodolfo Barra, se pronunció en favor de la postura del Senado en la polémica que ese cuerpo legislativo mantiene con algunos auditores por la duración de sus mandatos.
La polémica involucra a los auditores Héctor Raúl Duran Sabas, Julio César Casavelos y Alfredo Fólica, quienes rechazan un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta que aseguró que el plazo de mandato de los funcionarios caducó a principios de este año.
En cambio, el vicepresidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Héctor Raúl Durán Sabas, pidió al presidente Fernando de la Rúa su "intervención" para evitar el "quiebre institucional" que se produciría en el organismo si prospera un proyecto originado en el Senado que implica la renovación de sus auditores antes de tiempo.
En una nota enviada a De la Rúa, Durán Sabas, señaló que esa iniciativa tiende "a dar por concluidos los mandatos de los auditores correspondientes a esa Cámara", con "argumentaciones supuestamente devenidas de interpretaciones legales". Sostuvo que "se produciría un quiebre institucional" de la AGN si prospera ese proyecto que, afirmó, "a todas luces parece tener como único motor liberar espacios de funciones públicas" y "carece de todo principio de lógica y sentido común".
Según el denunciante, quien representa al PJ en la AGN, existen "informaciones" de que "el proyecto apunta a desalojar espacios de funciones públicas para colocar allí eventualmente a senadores que terminan su mandato este año y que no pueden renovarlos".
Existen informaciones que apuntan a los senadores justicialistas Jorge Mikkelsen Loth, Gerardo Palacios y Julio San Millán para reemplazar a Durán Sabas, y a los auditores César Casavelos y Alfredo Fólica.
Durán Sabas defendió la validez legal de los actuales mandatos, en base a "documentos del mismo Congreso, específicamente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración", que rige las relaciones de la AGN con el Parlamento.
El auditor calificó como "un absurdo" al proyecto de invalidar los mandatos porque "de acuerdo con el cálculo que se hace tendrían que haber terminado en el 2000, y en ese año y en este el Congreso ha convalidado muchas decisiones del organismo".
Contra esta opinión, Barra envió una extensa nota enviada al titular de la Comisión, el peronista Jorge Yoma, en la que avala la posición de los legisladores, al señalar que la consagración de mandatos de una duración que excede los establecido en la ley implica una interpretación "contra legem".
La AGN fue creada por ley en 1993, fecha en que fueron nombrados los primeros auditores, pero sólo en 1994 obtuvo rango constitucional. La Carta Magna sancionada ese año dispuso que el presidente de la AGN fuera un representante del principal partido de oposición y que hubiera tres auditores designados por la Cámara de Diputados y otros tres por el Senado.
De esa forma fue conformada la AGN en 1995, con los mismos auditores que estaban en sus cargos. Un año después, la comisión parlamentaría mixta revisora de Cuentas de la Administración interpretó que todos los mandatos debían contarse a partir del 5 de septiembre de 1995, criterio que fue rechazado en un reciente dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los legisladores entienden que Duran Sabas, Casavelos y Fólica ya cumplieron sus mandatos de ocho años, y cuentan el inicio de sus gestiones, a partir de 1993 y no de 1995, como interpretó la comisión revisora de cuentas.