La ley que regulará el funcionamiento de los establecimientos que albergan a personas mayores o geriátricos, en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales 45 fueron clausurados durante el año en curso, fue aprobada en general, por la Legislatura porteña.
El proyecto que elaboró la aliancista Sandra Dosch, reúne también iniciativas de los diputados Raquel Kismer, Dora Martina (ambas con mandato cumplido) y Oscar Moscariello.
Dosch aseguró que "uno de cada cuatro geriátricos porteños está en malas condiciones" además de "existir numerosos establecimientos truchos."
La socialista Clori Yelicic, presidenta de la Comisión de Salud, recordó que "hace cinco años la ciudad le dedicó un capítulo en su Constitución, donde se consignan los derechos a la igualdad de las personas mayores". Esta legisladora confirmó que en Capital Federal hay habilitados mil geriátricos, que albergan alrededor de 18.000 personas, de las cuales el 90 por ciento se halla en instituciones privadas.
La diputada radical Claudia Serio, que preside la comisión de Promoción Social, destacó que la norma "crea un registro de establecimientos geriátricos de la ciudad, que permitirá clasificarlos según las prestraciones que ofrezcan y verificar el grado de capacitación del personal, entre otros temas."
En otro orden, la Legislatura aprobó el informe de la Junta de Etica que declara "prima facie" admisible la denuncia que presentó el diputado radical Cristian Caram contra su colega Víctor Santa María, por su presunta responsabilidad en irregularidades en un plan de viviendas de un sindicato.
El plan de viviendas era el que promovió el Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Rentas y Horizontal. No obstante, el cuerpo decidió no constituir la Comisión Investigadora, en tanto no ingresen a la Junta de Etica nuevos elementos de convicción sobre las presuntas irregularidades.
En las consideraciones que realiza la Junta de Etica, que preside Sandra Dosch, se expresa que "no han existido denuncias ni elementos que acrediten por parte del diputado cuestionado, enriquecimiento indebido de algún tipo".
Se agrega que "respecto de la inconducta grave en el ejercicio de las funciones, no ha quedado suficientemente acreditado hasta el presente que los hechos cuestionados al diputado Santa María hubieran sido realizados en ejercicio de sus funciones como diputado de esta Ciudad Autónoma".
Por último, vale decir que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Mercados Transparentes firmaron un convenio de cooperación recíproca para brindar "garantías de transparencia" a las compras que realice el cuerpo legislativo.
El contrato fue firmado por el vicepresidente primero de la Legislatura, Jorge Enríquez, y el titular de Mercados Transparentes, el ex fiscal Luis Moreno Ocampo. De este modo, la Legislatura porteña se comprometió a entregar a la empresa toda la información referida a sus compras y contrataciones, mientras que ésta la difundirá, sin cargo alguno para el Gobierno, con el fin de "incrementar la transparencia y eficiencia de las compras públicas", según dijo Moreno Ocampo tras la firma del acuerdo.
