El Senado absolvió al juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, quien se encontraba sometido a juicio político bajo el cargo de presunto mal desempeño en sus funciones. Sobre un total de 54 senadores presentes en el recinto, 37 se pronunciaron por la absolución, en tanto que 17 lo hicieron por la destitución. Por la absolución se pronunciaron la mayoría de los representantes del justicialismo y algunos radicales.
Los peronistas disidentes Antonio Cafiero, Osvaldo Sala y Eduardo Arnold votaron la destitución, al igual que los radicales Leopoldo Moreau, Juan Carlos Altuna, Alcides López, Alberto Maglietti, Nélida Martínez Pelaez, Javier Meneghini, Luis Molinari Romero, Horacio Usandizaga y los representantes provinciales Pedro Villarroel, Roberto Ulloa, Silvia Sapag y Felipe Sapag. El frepasista Pedro Del Piero también votó por la destitución.
Tiscornia era el último de los jueces sometidos a juicio político en el ámbito de la Cámara alta, y al igual que ocurrió la semana pasada con el juez federal Norberto Oyarbide, quedó liberado de culpa y cargo, pese a las serias acusaciones que pesaban en su contra.
La Cámara alta también absolvió el 29 de agosto pasado al juez en lo penal económico Jorge Pisarenco, que se encontraba imputado de irregularidades en una causa por contrabando de oro.
El Senado le inició el juicio político a Tiscornia por mal desempeño en sus funciones el 7 de abril de 1999 ante una sospecha de que el juez no investigó como debía en la denominada causa del oro.
Tiscornia es uno de los nombres que Domingo Cavallo dijo que estaban escritos en la famosa "servilleta", en la que el ex ministro del Interior Carlos Corach habría enumerado apellidos de los jueces subordinados al Poder Ejecutivo de entonces. Cuando en 1995 Cavallo denunció ante el Congreso la existencia de mafias ligadas al poder, indicó vinculaciones entre Tiscornia y el empresario telepostal Alfredo Yabrán.
La comisión acusadora de la Cámara de Diputados imputó al magistrado el no haber investigado como debía la llamada "mafia del oro", una causa por la que se investigó un presunto fraude al Estado por maniobras para obtener reembolsos ilegales de impuestos. Los legisladores también cuestionaron su desempeño en la llamada causa de la "Aduana paralela", además de su actuación en el proceso por evasión fiscal seguido contra el empresario y ex diputado justicialista, Alberto Samid.