El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley por el cual se le da carácter de coparticipable al 2,5 por mil del recientemente creado impuesto al cheque, que en total es del 6 por mil.
El texto se votó con la mayoría necesaria de 37 votos (la mitad más uno de los integrantes de la Cámara) para lo que se sumaron peronistas y una docena de radicales. Igualmente, los senadores del oficialismo aceptaron votar este proyecto a cambio de que el porcentaje coparticipable fuera del 2,5 por mil en lugar del seis por mil que forma el monto total que se coparticipa actualmente. El otro 3,5 no será coparticipable debido a que se deducirá del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las provincias.
Es decir que el monto coparticipable en forma directa, si se tomara la recaudación de agosto -340 millones- sería en este caso de aproximadamente 100 millones a repartir entre las 23 provincias.
La iniciativa contó con el apoyo de los partidos provinciales, el radicalismo y el justicialismo, con excepción del entrerriano Augusto Alasino y el jujeño Alberto Tell.
La propuesta, que va en la misma dirección que los reclamos de los gobernadores del peronismo y la Alianza, fue impulsada originalmente por los representantes del peronismo a los que luego se sumaron los integrantes del radicalismo y de los partidos provinciales. El proyecto es similar al que impulsan en la cámara baja los diputados Eduardo Camaño, Miguel Angel Pichetto, Oscar Lamberto y Marcelo López Arias. Ambas iniciativas se enmarcan en la disputa que las provincias mantiene con la Nación y que derivó en una presentación ante la Corte Suprema para evitar que la aplicación del déficit cero derive en un recorte en los fondos de la coparticipación federal de impuestos.
El denominado impuesto al cheque produjo el mes pasado una recaudación cercana a los 430 millones de pesos que los senadores justicialistas y radicales pretenden que se repartan en las siguientes proporciones: "41,64 por ciento para la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y el 58,36 por ciento para las provincias"
En los fundamentos de la propuesta se destaca que "la crisis de las cuentas públicas no es exclusiva del Estado Nacional" porque las provincias "muestran también un deterioro en sus finanzas, motivado en gran medida, por el contexto recesivo que menoscaba sus ingresos".
En medio del debate se perdieron algunos votos como los de Augusto Alasino, quien remarcó que esta ley no es coherente con la de Déficit Cero votada hace un mes. También el radical cordobés Luis Molinari Romero abandonó el recinto por considerar que la redacción era "poco clara" y tras fracasar en su intento de que el proyecto retornara para el análisis de las comisiones.
La sanción del proyecto surgió a partir del acta firmada por la mayoría de los gobernadores la semana pasada cuando, sin distinciones partidarias, pidieron a los legisladores que aprobaran esta iniciativa.
Para los senadores del PJ "la crisis de las cuentas públicas no es exclusiva del Estado nacional, porque las provincias muestran también un deterioro en sus finanzas en los últimos años motivado, en gran medida, por el contexto recesivo que menoscaba sus ingresos, es decir un verdadero estado de emergencia fiscal provincial".
La iniciativa prevé que la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perciban el 42,34 por ciento del total del impuesto, mientras que para las provincias adjudica el 57,66 restante.
La distribución propuesta entre los 23 estados provinciales es la siguiente: Buenos Aires 21,72; Catamarca 2,72; Córdoba 8,78; Corrientes 3,67; Chaco 4,93; Chubut 1,56; Entre Ríos 4,83; Formosa 3,60; Jujuy 2,81; La Pampa 1,85; La Rioja 2,04 y Mendoza 4,12. Completan la nómina Misiones con 3,26; Neuquén 1,71; Río Negro 2,49; Salta 3,79; San Juan 3,34; San Luis 2,25; Santa Cruz 1,56; Santa Fe 8,84; Santiago del Estero 4,08; Tierra del Fuego 1,22 y Tucumán 4,70. En otro orden, fracasó un intento del peronismo por votar un proyecto que contempla la refinanciación de créditos para los empleados públicos y jubilados que fueron afectados por la rebaja de haberes dispuesta en el marco de la Ley de Déficit Cero.
