"De acuerdo a las condiciones en que se hizo la privatización (de los servicios telefónicos) se corría el riesgo de que lo que cobraran los municipios tuviera que pagarlos la Nación", explicó el jefe de Estado. De esa manera respondió a las críticas de los intendentes municipales que tienen previsto lanzar una ofensiva para que el Congreso ratifique la medida.

El primer mandatario reveló que le pidió al ministro del Interior, Ramón Mestre, que "aclare que el veto sobre el impuesto de los municipios no es por perjudicar a los comunas y favorecer a las empresas, sino para preservar el interés de la Nación".

"No es por perjudicar a los municipios y favorecer a las empresas, sino para preservar el interés del Estado, porque de acuerdo con las condiciones en que se hizo la privatización, se corría el riesgo de que lo que querían cobrar los municipios lo terminara pagando la Nación", agregó el jefe de Estado.

El jefe Estado también agregó que "no se explica por qué se quería hacer por ley nacional lo que era una tasa municipal". El Presidente recordó que los intendentes le sugirieron también un veto parcial para que "en vez de ser un impuesto sobre las empresas se podría trasladar a los usuarios".

"Yo no estaba de acuerdo porque eso hubiera significado que el PEN, a través de un veto, le ponía a cargo de los ciudadanos la tasa que se quería cobrar en los municipios", agregó. En ese marco, puntualizó que "cada municipio debe fijar su propio criterio".

Asimismo, De la Rúa manifestó que "examiné el proyecto de ley con la mayor predisposición y encontré estas dificultades que están expresadas en los fundamentos del veto".

Para el jefe de Estado "cada municipio debe fijar su propio criterio" y pidió que "así se transmita, porque aprecio mucho la obra de los intendentes municipales y se que precisan más recursos, sólo que no pueden ser a cargo de la Nación, es decir que la Nación tenga que pagar por repetición de un impuesto que según las condiciones de la privatización no estaba admitido".