La Cámara de Diputados entrerriana en general y en particular el proyecto de Ley que permitirá al Ejecutivo emitir bonos para pagar una parte de los sueldos de la administración pública y saldar deudas con proveedores y iniciativa que por la madrugada analizará el senado.
La iniciativa, considerada por los legisladores como una Ley de Emergencia, fue aprobada con el voto favorable de 15 legisladores, 11 de la Alianza y 4 del bloque de Intransigencia Para el Cambio en tanto que los 13 diputados del justicialismo votaron en contra. El proyecto, que ya contaba con la sanción del Senado, volvió a la Cámara alta luego que los diputados lo modificaron elevando 61 los 25 artículos contenidos en el texto original.
Además de autorizar la emisión de los títulos, se declaró a la provincia de Entre Ríos en estado de emergencia administrativa, económica y financiera por el término de un año.
El presidente de la Cámara baja, el diputado Julio Rodríguez Singes (Alianza), que fundamentó la aprobación del proyecto por la mayoría, afirmó que "la situación de asfixia que sufre la provincia deriva del peso de la deuda pública heredada". Advirtió que en caso de no emitirse los bonos, al Estado entrerriano le queda como alternativa reducir los sueldos de los trabajadores, eliminar la mitad de los cargos de la planta permanente o aumentar en un cien por ciento los impuestos que se cobran. "Seguramente, ninguno de estos caminos será seguido por alguno de los diputados presentes", opinó.
"Los bonos no son un invento del gobernador Sergio Montiel, porque actualmente hay 11 provincias que ya los han emitido", completó el legislador.
El 14 de este mes, la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto del Ejecutivo provincial que autoriza la emisión de certificados de cancelación de obligaciones con garantía de la provincia hasta la suma total de 160 millones de pesos, en lugar de los 450 millones de pesos solicitados por el Ejecutivo. Estos valores se denominarán "Certificados" y serán de clase A y B.
Mientras tanto, el diputado justicialista provincial Luis Miguel Márquez acusó al gobernador Sergio Montiel de hacer un "sinnúmero de gastos superfluos" de más de 100 millones de pesos, abogó porque el bono provincial "no tenga corta vida" al tiempo que reclamó "un cambio de actitud" desde el Ejecutivo para resolver la grave crisis socio económica que atraviesa ese estado mesopotámico.
"Cuando se aprobó el presupuesto 2001 -expresó Márquez- le advertí al gobierno (provincial) que esto (la crisis) iba a ocurrir" dado que según explicó el monto aprobado "ya contaba con un déficit de 190 millones de pesos".
Para Márquez, cuando el actual gobernador Sergio Montiel asumió "duplicó los sueldos de los funcionarios, compró el avión Tango 04 en 2,5 millones de pesos y comprometió otros 4 millones con la empresa holandesa Foker para arreglarlo", dijo el legislador.
El diputado justicialista Jorge Busti sostuvo que el gobernador Montiel es "el principal responsable" por la situación económica y social de esa provincia, y advirtió que el bono que planea emitir "se va a desvalorizar en un 30 por ciento porque no tiene respaldo".
Busti comparó la gestión del radical Montiel con su propia política de administración, ya que el justicialista gobernó la provincia hasta 1999. "Nosotros pagamos los sueldos durante cuatro años e hicimos obras que están hoy en día paralizadas. Este gobernador, que ya lleva 22 meses de Gobierno, es el principal responsable de lo que está haciendo", afirmó Busti.
Todo esto se vivió en una jornada tensa, durante la cual empleados públicos entrerrianos protagonizaron hoy en Paraná una multitudinaria movilización, durante la cual arrojaron huevos y piedras contra la Casa de Gobierno y la sede de la Legislatura, en reclamo del pago atrasado de salarios y para rechazar la emisión de un bono provincial.
Durante la primera jornada del asueto forzado de tres días decretado por el Poder Ejecutivo local, empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y jubilados provinciales manifestaron de esa forma su rechazo a la política provincial.
La protesta comenzó en horas de la mañana frente a la sede de ATE-Paraná, desde donde una nutrida manifestación se movilizó hacia la sede de la Gobernación y el Palacio de la Legislatura. En ese lugar, un fuerte operativo policial esperaba a los manifestantes que pretendían ingresar al recinto parlamentario para expresar su repudio a la sanción de la ley que autoriza la emisión de bonos.
En esos momentos, los legisladores intentaban reanudar el debate en torno al proyecto de Ley que permitirá emitir letras de tesorería al Gobierno entrerriano para pagar salarios y jubilaciones, y bonos para cancelar deudas con proveedores.
En un marco de gran tensión, un grupo de manifestantes, algunos de los cuales lograron ingresar por una ventana a la Legislatura con la ayuda de trabajadores de esa dependencia que se sumaron a la protesta, se enfrentó con los policías provinciales y los bomberos apostados frente al palacio.
