El presidente del bloque, Humberto Roggero, anunció que su bancada "apoya la presentación de los gobernadores ante la Corte Suprema" porque la "reducción de los fondos coparticipables girados a las provincias coloca al gobierno nacional en situación ilegal porque el piso de 1.364 millones está asegurado por una ley nacional".

"Quienes no cumplan con la ley deben ser sometidos a la justicia", agregó Roggero, quien aclaró que la discusión de la coparticipación "no es, como plantean algunos, un simple debate entre dirigentes, sino la posibilidad de mantener financiados la salud, la educación y la seguridad en las provincias". El diputado cordobés explicó que los fondos coparticipables "permiten mantener los hospitales provinciales equipados, sostener las escuelas abiertas y mantener a las fuerzas de seguridad". Además, Roggero señaló que "la grave situación económica que se vive en el país tiene una estrecha vinculación con esta reducción de fondos que gira la Nación", por lo que "cualquier conflicto social que se viva en las provincias es responsabilidad del gobierno nacional".

La polémica por los fondos coparticipables -1364 millones de pesos mensuales que se reparten entre las provincias y la Capital Federal- quedó planteada ante la Corte luego de que el Ministerio de Economía que conduce Domingo Cavallo recortara de hecho en septiembre el 25 por ciento del monto fijo acordado por ley.

Ahora, el máximo tribunal del país deberá emitir una resolución de carácter constitucional, ya que la controversia está centrada en si una ley nacional como la del déficit cero tiene supremacía sobre un pacto federal fiscal aprobado por el Congreso, el que estableció el monto de 1364 millones. Este escenario, que refleja la deteriorada relación entre la Nación y las provincias, fue abonado hoy por trece gobernadores justicialistas que concurrieron a presentar la "acción de amparo" ante la Corte Suprema acompañados por los fiscales de Estado de sus respectivos distritos.

La única provincia administrada por el PJ que no se sumó a la presentación ante la Corte fue Córdoba, aunque más tarde el gobernador José Manuel de la Sota expresó a través de un comunicado su "categórica adhesión" a esta movida política. "Aunque físicamente ausente, quiero acompañarlos y expresarles me categórica adhesión", dijo De la Sota a través de una carta que le envió a su par Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), en su condición de titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el organismo que nuclea a las provincias.

Por su parte, los gobernadores de la Alianza anunciaron que el próximo martes se reunirán en la Capital Federal para unificar una postura y evaluar la posibilidad de impulsar una iniciativa en el Congreso que declare "intangibles" los fondos coparticipables.

En la escalinata del Palacio de Justicia, sobre la calle Talcahuano, el justicialista Néstor Kirchner (Santa Cruz) dijo que "esperamos que la Corte Suprema restituya el respeto a las leyes", ya que "es insólito que el Presidente de los argentinos no respete los reglamentos jurídicos".

Por su parte, Carlos Reutemann (Santa Fe) dijo en un tono más moderado que el pedido de las provincias justicialistas tiene como objetivo que la Nación "cumpla con lo que está firmado" en el último pacto fiscal, que luego ratificó el Congreso por ley.

"No hay posibilidades de refinanciar ni reprogramar la deuda, si antes no tenemos una nueva ley de coparticipación federal", dijo una calificada fuente de la Casa Rosada a las agencias de noticias, al remarcar que tiene que haber una "nueva repartija de la torta". Agregó que es necesario demostrar al exterior que "somos serios, las provincias no han hecho sus presupuestos para el año próximo con el déficit cero", que si se realizó en el caso de la Nación.

Por otra parte, la fuente minimizó el impacto de las declaraciones políticas de los últimos días por parte de funcionarios y candidatos, al atribuirlo a un lógico clima de campaña preelectoral. "Hasta el 14 cada uno puede mover la estantería como quiera, pero el 15 hay que asumir que no se puede gastar lo que no se tiene", indicó en referencia a que en el caso de los Estados provinciales, deben ajustarse al programa de déficit cero que adoptó la Nación para sus gastos.

El vocero se mostró casi entusiasmado con el resultado electoral del próximo comicio al poner de relieve que el "radicalismo tendrá más senadores que hoy en día y el bloque de la Alianza en diputados también", lo cual en todo caso obligará a manejar "el consenso con todos", según dijo.

"Acá tiene que haber una colaboración entre la Nación y las provincias", dijo el presidente Fernando de la Rúa en la Casa de Gobierno luego de que trece gobernadores del PJ demandaran a su administración ante la Corte Suprema de Justicia para que les restituya los fondos coparticipables que fueron recortados.

Más explícito que De la Rúa fue el vocero del Gobierno, Juan Pablo Baylac, quien dijo que la Nación basa su postura "en la existencia de una ley sancionada por el Congreso que establece la manera en que se distribuyen con equidad los fondos que se recaudan", en referencia a la norma del déficit cero.

"Por lo tanto, no hay violación legal alguna sino que se está cumpliendo con la ley en la Argentina", remarcó Baylac.

Mientras tanto, el senador nacional justicialista Eduardo Menem acusó hoy al Gobierno nacional de poner a las provincias en "una situación de asfixia financiera insoportable", al rechazar un posible recorte de 25 millones de pesos en la asistencia financiera presupuestada para La Rioja para el año próximo.

Según denunció recientemente el gobernador Angel Maza, el proyecto de presupuesto nacional 2002 incluye para La Rioja "un recorte de 25 millones de pesos sobre la asistencia financiera anual que recibe la provincia" y que este año alcanzó a los 145 millones.

"Estamos sufriendo recortes que calificaría de escandalosos", sentenció el legislador, al explicar que "si con los 145 (millones de pesos presupuestados para La Rioja este año) no nos alcanzaba, con los 120 (millones) que nos quieren poner ahora, menos nos alcanzará".