Embalado por el resultado electoral, el bloque de diputados justicialista decidió reclamar una sesión especial para la semana próxima para pedir que se deroguen las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo.
Esta estrategia diseñada por el justicialismo fue rechazada por el presidente del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, consideró al pedido como "una bravuconada para facilitar la negociación de los gobernadores justicialistas con el gobierno nacional".
El presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero, defendió la pretensión de su bancada, basada "en los resultados negativos para la economía argentina que esta delegación provocó durante los ocho meses que estuvo en vigencia". A su vez, el presidente de la Comisión Bicameral de Control del uso que hace el Ejecutivo de las facultades delegadas por el Congreso, el diputado justicialista Oscar Lamberto, fundamentó la decisión del bloque en que a partir de las elecciones del domingo "hay una realidad política nueva". Dijo que la decisión en su bancada se adoptó por unanimidad, porque "todos" coinciden en que "la suma del poder público que tuvo el gobierno durante estos últimos ocho meses no produjo los resultados esperados, tal como lo había señalado el PJ cuando se trató el tema en recinto".
La ley de facultades especiales fue sancionada a fines de marzo y fue uno de los requisitos solicitado por Domingo Cavallo para asumir como ministro de Economía, que reclamó esos poderes legislativos como herramienta para impulsar medidas económicas y administrativas sin aguardar los tiempos parlamentarios. Hasta ahora la posición del justicialismo tiene el respaldo del ARI, que reúne a 16 legisladores, y de unos 15 diputados del Frepaso. Tanto la agrupación fundada por Elisa Carrió como el sector rebelde del oficialismo presentaron proyectos para derogar esas facultades. Sobre la participación del ARI en la sesión del próximo martes, el diputado socialista Héctor Polino dijo que ese bloque "siempre se opuso a la delegación de facultades legislativas" y reseñó que el 11 de septiembre presentó un proyecto en ese sentido.
Con estos números aún deben tener el apoyo de la veintena de diputados provinciales que ayer no tenían posición tomada, aunque su presidente, el demoprogresista Alberto Natale, señaló que "siempre concurren al recinto de sesiones y son partidarios de dar el debate".
El ánimo de victoria se tradujo también en la ratificación de decisiones que ya habían sido anunciadas por el PJ, como la devolución del Presupuesto 2002 remitido a la Cámara baja por el PEN sin el detalle de los recursos que se destinarán al financiamiento de la administración pública.
Ahora el justicialismo podría redoblar la apuesta ya que varios legisladores reclamaron seguir la misma línea en el caso de que el nuevo proyecto que envíe el Ejecutivo -una vez rechazado el actual-, no contemple una redefinición de la deuda pública. En la reunión hablaron casi todos los legisladores para realizar un análisis del escenario que dejó la elección del domingo y el papel que jugará el justicialismo de aquí hasta el 2003, año en el que se decidirá la sucesión presidencial.
En ese sentido, la coincidencia general fue que los factores de poder del PJ pasarán a ser los gobernadores y, tras el nuevo mapa legislativo con el justicialismo como primera fuerza en ambas cámaras, los bloques parlamentarios de diputados y senadores.
Por último, el titular del bloque, el cordobés Humberto Roggero ratificó la voluntad de reclamar la presidencia del cuerpo para el peronismo con el argumento de que "es de lógica legislativa que ese sitial lo ocupe la primera minoría de la Cámara". Sin embargo, prefirió postergar la decisión sobre quién será el postulante para ese cargo -aunque está decidido que lo ocupará el bonaerense Eduardo Camaño-, para más adelante, cuando se acerque la hora de definir las autoridades del cuerpo para el próximo período legislativo.
