El Senado convirtió en ley un proyecto, con media sanción de la Cámara de Diputados, por el cual se abonará con títulos públicos una indemnización a los ex agentes de la ex YPF, cesanteados sin haber sido beneficiados por sus derechos sobre el Programa de Propiedad Participada (PPP).
La ley fue aprobada en el Senado por unanimidad, recibiendo el apoyo de numerosos expositores, como Julio San Millán (PJ-Salta), quién actuó como miembro informante; Felipe Sapag (MPN-Neuquén), Juan Carlos Altuna (UCR-Chubut), Daniel Baum (PJ-Neuquén), Roberto Ulloa (PR-Salta), Eduardo Arnold (PJ-Santa Cruz), Luis León (UCR-Chaco) y Alberto Maglietti (UCR-Formosa). La única disidencia, a pesar de votar favorablemente, fue expuesta por el sindicalista Alberto Tell (PJ-Jujuy), quien objetó que se sancionen leyes particulares sobre la PPP en lugar de realizar una de conjunto sobre todas las empresas privatizadas, con el añadido de que en el texto de la norma no se obliga a los beneficiarios a desistir de sus juicios contra el Estado.
Por la ley sancionada tienen derecho a la PPP todos los ex agentes de la ex YPF que se desempeñaran en la empresa al 1 de enero de 1991, calculándose su indemnización, por haber sido excluidos de los beneficios de aquella por diferentes causas, en razón de diferentes cuestiones como antiguedad en la empresa, categoría y cargas de familia, entre otras.
La norma establece una suspensión por 120 días hábiles de los juicios correspondientes a los reclamos para acogerse al nuevo sistema y se otorgan 60 días al Ministerio de Economía para que notifique a los beneficiarios de la ley sobre las liquidaciones que les correspondan las que podrán ser pagadas por bonos de consolidación o por reasignaciones presupuestarias.
En otro orden, el Senado otorgó media sanción y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que establece la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. La inscripción o exclusión en el registro se hará efectiva únicamente por orden judicial y las entidades financieras de todo tipo y los organismos públicos, deberán requerir el certificado de libre deuda a las personas que pretendan abrir cuentas corrientes, renovar tarjetas de crédito, refinanciar pasivos, concesión o renovación de subsidios y otorgamiento de créditos personales.
La Cámara alta también otorgó media sanción a otro proyecto que establece como obligatoria la realización del test del HIV a todas las mujeres embarazadas.
Otra iniciativa que obtuvo media sanción fue la que alienta la contratación de personas con discapacidad y de ex combatientes de Malvinas, a partir de rebajas impositivas para los empleadores.
