En menos de 24 horas el Congreso convirtió en ley la prórroga por diez años de la vigencia del régimen de pensiones graciables que pueden otorgar los legisladores nacionales sin mayor requisito que su propia discreción.
El proyecto había sido aprobado el martes en el Senado, en tanto que ayer por la tarde fue aprobado, sin debate, en una breve interrupción de la discusión de la coparticipación del impuesto al cheque.
Por otra parte, el cuerpo votó a libro cerrado un paquete que contenía 50 proyectos de leyes y 390 de resolución y declaración.
La prórroga de las 17.000 pensiones graciables fue sancionada por el Senado y ayer fue convertida en ley, en un rápido trámite por la Cámara de Diputados, para evitar que puedan concluir esos beneficios que se dieron hace diez años. Se trata de una iniciativa que involucra 25 millones de pesos anuales que los diputados y senadores tienen a su disposición para entregar pensiones graciables a quienes ellos crean conveniente.
Según el sistema, disponen de 50 pensiones para entregar por año y hasta el momento el número de beneficios otorgados asciende a 17 mil. Eso sí, la prórroga del sistema por diez años no es inusual ya que todos los años ambas cámaras ratifican la continuidad del sistema por una década.
Además, los diputados sancionaron este conjunto de proyectos, entre los que figura la ratificación de un convenio de traspaso progresivo de competencias penal de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, firmado por el presidente Fernando de la Rúa y el jefe de la ciudad, Aníbal Ibarra. También se sancionó un proyecto del diputado Humberto Roggero por el cual se instrumenta un régimen que regula la facultad de los empleadores de revisar las comunicaciones, a través de cualquier medio, efectuadas por sus trabajadores dentro del ámbito laboral. Figuran además una veintena de convenios internacionales, un régimen de telegrama y cartas documentos gratuitos a favor de padres de hijos menores y discapacitados, la creación de un fondo de emergencia social, la ley general de medio ambiente y declarar el 29 de julio día de los valores humanos.
Por otra parte, la Cámara de Diputados votó a favor de un proyecto de ley sobre tatuajes en la piel, que establece que estas prácticas deberán hacerse con determinados cuidados y en instituciones habilitadas para tal fin.
Diputados pasó a cuarto intermedio para la semana próxima el debate del proyecto de ley que coparticipa el producido del impuesto a las transferencias financieras, una de las fuentes de recursos del Poder Ejecutivo para cumplir con la ley de déficit cero.
La postergación se produjo después de más de dos horas de áspero debate en el que desde el peronismo se intentó conseguir la aprobación de un proyecto de cuño propio y la cerrada oposición del radicalismo.
En realidad la iniciativa sometida a debate no es la que sancionó el Senado hace más de dos meses, sino una elaborada por el justicialismo en la que se aclara que se mantiene el piso y el techo de 1.364 millones de pesos mensuales para las provincias que constan en el último pacto fiscal.
El salteño Marcelo López Arias fue quien instaló el tema en el recinto y reclamó la necesidad de la sanción del proyecto ante "la situación que vive el país", a la que calificó como "grave". También alertó que "el conflicto social en las provincias puede crecer" ante el incumplimiento de la Nación en el envío del piso de 1364 millones de pesos por mes que le corresponde a las provincias.
La posición contraria la encabezó el radical José Gabriel Dumón, quien pidió "aplazar el tratamiento del proyecto hasta que estén concluidas las negociaciones entre los gobernadores y la Nación".
"¿No sería más oportuno poner la recaudación de esos impuestos para un seguro de desempleo que tratarlo apresuradamente para ponerlo en la coparticipación?", se preguntó Dumón.
