El gesto político es de peso si se tiene en cuenta que lo recaudado por ese impuesto es uno de los pilares en los que se basa el Gobierno para sostener la política de déficit cero. Además, el ministro Domingo Cavallo pretende utilizar el producido por el gravamen como garantía ante los bancos para lograr una rebaja en la tasa de interés de los próximos vencimientos de la deuda pública.

Fue en ese marco que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, anticipó que el Poder Ejecutivo podría recurrir al veto en caso de que se convierta en ley el proyecto que haría coparticipable la recaudación del impuesto al cheque.

Colombo advirtió que la norma es "incompatible con el programa de gobierno para refinanciar la deuda pública, reducir las tasas al 7 por ciento y postergar los vencimientos".

Colombo fue bien claro, al fijar la posición del gobierno, cuando señaló que "el Poder Ejecutivo siempre tiene el poder de veto".

Quien de inmediato le salió al cruce fue el jefe de la bancada del PJ, Humberto Roggero, quien sostuvo que "así como el Poder Ejecutivo tiene el derecho de vetar la ley de coparticipación del impuesto al cheque, el Congreso también tiene el derecho a insistir con su sanción". Y agregó: "Estamos dispuestos a mantener nuestra posición si el Poder Ejecutivo veta la ley, porque esto significa nuestro compromiso con los argentinos que viven en las provincias".

La iniciativa fue aprobada en particular por 132 votos a favor, 44 en contra y sólo 5 abstenciones, con lo cual alcanzó media sanción y ahora quedará a consideración de la Cámara alta, que podría tratarla la semana próxima si es que no hay acuerdo entre la Nación y las provincias.

Diputados del justicialismo, del ARI, del Frepaso y de partidos provinciales aprobaron en general poco después de las 17.30 la iniciativa, en base a un proyecto redactado por el peronista salteño Marcelo López Arias.

Lo que se hizo fue derogar el artículo 3 de la ley 25.414, que establece que el producido del impuesto a las transferencias financieras no será coparticipable con las provincias.

De esta manera, la bancada aliancista sufrió su primera derrota significativa en este cuerpo legislativo desde que asumió el poder hace dos años, y es una consecuencia directa de las continuas deserciones que sufrió el oficialismo con la perdida de una treintena de legisladores que se sumó a las filas opositoras.

Ahora, los gobernadores justicialistas afrontarán las negociaciones con el Poder Ejecutivo por los fondos coparticipables con una carta de triunfo invalorable y con la amenaza de que pueda convertirse en ley la próxima semana en el Senado, si se mantiene la controversia entre Nación y Provincias.

El ARI aportó otros 14 votos, el Frepaso otros 14, las fuerzas provinciales 10 y los radicales Guillermo Corfield y María Elena Herzovich, mientras que fue rechazado por los radicales, los frepasistas que siguen en la Alianza y los cavallistas.

Además, se produjo un episodio poco habitual con la presencia de los gobernadores Adolfo Rodríguez Saa, Néstor Kirchner, Juan Carlos Romero y Carlos Juárez en el palco de invitados del recinto de sesiones, en una señal de respaldo de los diputados del PJ que festejaron ruidosamente esta aprobación.

En este lapso, en el que los opositores estaban al borde del quórum propio, no faltaron los radicales como Alejandro Nievas y Rafael Cambareri, quienes procuraron convencer a Alberto Natale, Ricardo Gómez Diez y Luis María Díaz Colodrero, pero que no lograron su el objetivo de que los provinciales se retiraran de la sesión. Pero cuando las cartas estaban echadas, los radicales ingresaron al recinto, lo que generó un escándalo en la sesión, que se convirtió en este tramo en un permanente abucheo y griterío, en el que los justicialistas buscaban evitar que se siguiera demorando el debate, tras haber formulado una moción para su cierre y votación.

Así, el titular del Interbloque Federal, el demoprogresista Alberto Natale, fue abucheado cuando planteó que "este tironeo entre la Nación y la Provincia nos va a llevar al borde del abismo" y pidió "esperar el resultado de las negociaciones". También sufrió la misma situación Horacio Pernasetti, cuando el presidente Rafael Pascual le cedió la palabra. El legislador catamarqueño explicó que la UCR "espera el resultado de las negociaciones" y llamó a la responsabilidad a sus colegas para no sancionar un proyecto de estas características.

El radical mendocino Raúl Baglini, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó una cuestión de privilegio como excusa para impedir la aprobación del proyecto, que parecía inminente ante la mayoría que la oposición tenía en ese momento en el recinto. Así fue que a voz en cuello, Baglini advirtió sobre el "caos económico" que generaría la sanción de la iniciativa y advirtió que "no hay que romper las vías para que el tren descarrile".

Además, destacó que los sectores críticos al Gobierno estaban "a punto de echar a perder una negociación con los gobernadores de más de cuatro semanas" y que "sólo se logrará triplicar las tasas de interés que están por conseguir las provincias".

Esto generó un cruce de acusaciones entre diputados tras la alocución de Baglini y de Osvaldo Valdovinos (PJ-Formosa), que también planteó una cuestión de privilegio contra "la caótica conducción de la sesión" que le endilgó al titular del cuerpo, Rafael Pascual, quien se vio obligado a bajar al recinto, sentarse en una banca y responder las acusaciones de Valdovinos, a quien le recordó que había accedido a un pedido de Eduardo Camaño para postergar el horario de votación a la espera de alcanzar el quórum.

Tras la votación que ganó la oposición, en el marco del debate en particular Baglini volvió a la carga para parar la ofensiva opositora y reclamó, con argumentos que advertían sobre las consecuencias de la sanción del proyecto, la reconsideración de la votación en general. Ahí aseguró que a partir de hoy las provincias van a pagar una tasa de interés que "en vez del 35 va a ser del 70 por ciento" y "van a poner en riesgo al gobernabilidad del país".

La respuesta llegó por parte de Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe), vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien rechazó los argumentos de Baglini sobre el peligro que, para la gobernabilidad, implicaría la sanción del proyecto. "Estamos defendiendo la continuidad del país, con un parlamento que tiene que estar abierto porque sabemos cuál es el próximo paso: que no haya más sesiones hasta el 29 de noviembre, que no haya extraordinarias hasta el 1 de marzo para, entonces sí, gobernar con una catarata de decretos de necesidad y urgencia", enrostró.

Horas más tarde, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuestionó a los diputados. "Yo espero que sea una estratagema dentro de lo que ellos creen que es una negociación que enfrenta la Nación con las provincias, cuando en realidad deberíamos unirnos para dejar de pagar estos exhorbitantes intereses", dijo Cavallo en un reportaje al programa A Dos Voces, que se emite por el canal de cable Todo Noticias.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda destacó la necesidad de "poder hacer juntos una mejor política social y sobre todo para conseguir el crecimiento económico, que es lo que nos va a devolver la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las familias argentinas". Cavallo precisó que "se recauda por el impuesto al cheque alrededor de cinco mil millones de pesos anuales, usándolos como garantía para el servicio de la deuda podemos lograr pagar 4.000 millones de pesos de intereses menos, es decir, en el caso de las provincias más de mil millones de pesos de reducción del costo de los intereses sobre su deuda".

También remarcó que el Estado nacional puede reducir en 3.000 millones de pesos el pago de sus intereses, y que ese monto "va a estar disponible para una buena política social para el crecimiento".