La presidenta de la comisión investigadora de operaciones de lavado de dinero, Elisa Carrió, dio a conocer el informe final de la investigación, en el cual se acusa a las autoridades de políticas de haber favorecido o apañado las maniobras ilegales realizadas a través del sistema financiero en la Argentina desde quince años atrás a la fecha.
Carrió dio a conocer en conferencia de prensa el informe que firma junto a su compañera de Alternativa por una República de Iguales (ARI), Graciela Ocaña; al demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez y al frepasista José Vitar. Tanto los radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer, como los justicialistas Carlos Soria y Cristina Kirchner y el menemista Daniel Scioli presentarán sus informes por separado en los próximos días, ya que los integrantes de la comisión investigadora sólo coincidieron en las recomendaciones legislativas hacia el futuro que serán dadas a conocer el martes próximo.
El informe de Carrió, Gutiérrez, Ocaña y Vitar apunta a develar cómo se lavó dinero sucio en la Argentina de los últimos 15 años y cómo ese dinero se blanqueó en entidades de los Estados Unidos, a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore, vinculadas a bancos cuyos titulares viven en la Argentina.
"Acá hubo dos jefaturas políticas, Menem y Cavallo, que compartían negocios ilícitos a través de subordinados, amigos o parientes", dijo la legisladora, y consideró que esa sociedad se rompió a partir del polémico intento de privatización del Correo.
En el dictamen, los legisladores encabezados por Carrió cuestionaron el desempeño de Pedro Pou en el Banco Central y del actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, como presidente del Banco de la Nación Argentina. Se indicó además que el "dinero proveniente del narcotráfico y el tráfico de armas fue lavado en jurisdicción argentina", accionar que fue permitido por "autoridades nacionales (…) En muchos casos a cambio de contribuciones políticas, sobornos o financiamiento de campañas electorales".
Entre la gran cantidad de nombres de personas y de compañías que aparecen mencionadas en el dictamen de los legisladores que rubrican el documento del grupo que lidera Carrió, figura el "del grupo saudita Bin Laden", relacionado con Osama Bin Laden, el terrorista responsabilizado por los atentados del 11 de septiembre a las ciudades de Nueva York y Washington. La mención es colateral, ya que se la introduce al destacar la gravedad que implica para la Argentina facilitar el ingreso de bancos como el BCCI que, según los diputados firmantes, "quedó demostrada cuando traemos a colación el informe de la Asamblea Francesa que se hace público el 10/10/01 en relación con las posibles vinculaciones entre el BCCI y el grupo saudita Bin Laden".
Además, se menciona "cómo, a través de bancos máscaras, cuentas negras y compañías financieras off shore vinculadas a bancos cuyos titulares viven en la Argentina, ese dinero se lavó en cuentas de bancos de los EEUU". También se concluye que "dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, básicamente narcotráfico cometida fuera de la jurisdicción argentina, se lavó a través de bancos con autorización del BCRA o de bancos máscaras vinculadas a bancos o agencias de cambio cuyos titulares son argentinos".
En el capítulo II se mencionan cuatro causas abiertas evaluadas como paradigmáticas en términos de hechos de corrupción en el país", relacionadas con maniobras de lavado de dinero y hechos ilícitos cometidos en el país.
Uno de esos casos es el Banco Nación-IBM en el que se afirma que "los funcionarios públicos involucrados, directores del BNA, tenían vinculaciones estrechas con el ex presidente Menem o con el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo". Al respecto, también se menciona que "la empresa por donde circuló el dinero sucio pertenecía a un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, vinculada entonces a Alberto Kohan" y que el banco en el que se depositó el dinero "era el Banco General de Negocios, algunos de cuyos directores se encuentran estrechamente vinculados a Cavallo: José Rohm y David Mulford".
También acusó al ex titular del Banco Central Pedro Pou de haber establecido un régimen "al servicio del lavado de dinero y de la evasión impositiva", tras lo cual insistió en la participación de "bancos off shore, cáscaras y cuentas negras" operadas en el exterior por residentes argentinos.
Por su parte, Ocaña apuntó a las "maniobras irregulares en beneficio de personas particulares vinculadas al Poder". Se refirió así a los préstamos otorgados por el Banco de la Nación Argentina al grupo Yoma y que, afirmó, forman parte "de los 800 millones de dólares que hoy no puede cobrar por haberlo prestado a grupos amigos".
"A tal punto llega esa utilización que una de las cuentas se abrió el día después de la asunción de Carlos Menem, como el caso del Banco Ciudad, que se produjo el 10 de diciembre de 1989", dijo. Es más, agregó que ése régimen "no rigió solamente durante el ejercicio de la presidencia de Carlos Saúl Menem, sino que continuó durante la presidencia del doctor Fernando de la Rúa, cuando era presidente del Banco Nación el actual jefe de gabinete, Chrystian Colombo".
La Comisión de Lavado de Dinero buscará el próximo martes firmar un dictamen único con las propuestas y recomendaciones que propondrá al resto de los diputados para avanzar en un conjunto de iniciativas que apunten a mejorar los controles para evitar el blanqueo ilícito de capitales.
Los integrantes de la comisión acordaron avanzar en un despacho único, que contenga las recomendaciones que se realizarán a las diferentes comisiones de la Cámara para la sanción de leyes que mejoren la legislación vigente sobre la represión del ilícito del lavado de dinero.
La diputada radical Margarita Stolbizer y la presidenta de la Comisión, Elisa Carrió, se mostraron confiadas en poder alcanzar acuerdos sobre las conclusiones y las propuestas parlamentarias se analizarán en la próxima reunión que se realizará el próximo martes.
Stolbizer, junto al presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, elaboraron un conjunto de propuestas para modificar la ley de estupefacientes y de lavado de dinero y de la ley de entidades financieras, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la firma del tratado de la Convención de la Asamblea General de la Naciones Unidas para la represión del terrorismo.
En cuanto a la ley de estupefacientes, la UCR considera que "se hace necesario reformular el Código Penal, su régimen de sanciones y sujetos para ampliar la responsabilidad penal, a quienes actúan encubriendo sus acciones tras la representación de una persona jurídica".
"Debe además establecerse un sistema mas riguroso y eficaz para el control de las actividades de las personas jurídicas, por ejemplo exigiendo compatibilidad entre el objeto y el capital social", se indica en el documento elaborado por Stolbizer y Pernasetti.
Además, los diputados de la UCR quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central para establecer pautas de coordinación entre esta institución autárquica, la AFIP, y con el poder judicial, involucrados en la prevención y lucha contra el lavado de dinero.
