El bloque de la Alianza modificó su propuesta de cambios a la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando una propuesta del diputado Carlos Maestro y otras alternativas, a los efectos de recaudar en 2002 unos mil millones de pesos adicionales.
Formalmente el oficialismo llevará al recinto el dictamen aprobado días atrás, con la disidencia total de los legisladores justicialistas y sus aliados, como así también la veintena de integrantes del Interbloque Federal compuesto por los diferentes partidos provinciales. Ello se relaciona con la formalidad que exige que los proyectos a considerarse esta semana, la última de las sesiones ordinarias, tengan dictámenes aprobados por las respectivas comisiones a más tardar en el transcurso de la semana pasada.
La iniciativa de Maestro, que lleva la firma de un total de quince diputados oficialistas, apunta a gravar a accionistas domiciliados en el exterior que hoy concentran el 70 por ciento del patrimonio de las 200 primeras empresas del país y el 80 por ciento de las entidades bancarias privadas.
Más allá de que algunos de los aspectos planteados en el nuevo dictamen de hecho -que servirá para reemplazar al anterior en el debate en el recinto- hayan recogido posturas de la oposición, como las reclamadas por Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe) y Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe), éstos mantendrán la decisión de votar en contra. En tal sentido Lamberto señaló que se hace necesaria una reforma integral en el Impuesto a las Ganancias, pero que éste no es el momento adecuado, bajo la presión de las difíciles circunstancias económicas y financieras del país, con "un parlamento al que se ha paralizado y que no puede estudiar nada".
Al gravarse las ganancias en cabeza de los accionistas, la propuesta excluye, expresamente, las acciones en poder de los trabajadores de las ex empresas estatales privatizadas que hubieran correspondido a los mismos en virtud del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Asimismo se establece que la tasa máxima del Impuesto a las Ganancias será del 40 por ciento, en lugar del actual 35 por ciento, cuando en el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Raúl Baglini (UCR-Mendoza), implicaba una sobretasa de diez puntos para las grandes ganancias.
La nueva versión es una reforma estructural al sistema impositivo argentino que, según explicó la diputada radical Beatriz Nofal -una de las impulsoras de la iniciativa-, apunta "a hacer más equitativo el esquema impositivo nacional".
"También se busca incentivar la reinversión de capitales en el país a partir de establecer una baja en la tasa diferencial para quienes hagan este tipo de operaciones y así desalentar el envío de fondos y dividendos al exterior", agregó la legisladora.
El proyecto establece una serie de modificaciones tributarias:
– Grava los dividendos que las sociedades radicadas en la Argentina trasladen al exterior.
– Grava con el impuesto a las Ganancias las utilidades obtenidas por las empresas, pero a través de sus accionistas.
– Elimina el denominado bloqueo fiscal mediante el establecimiento de medidas que incentiven el blanqueo de fondos radicados en el exterior, pero que al mismo tiempo aplica salvaguardas para evitar maniobras de lavado de dinero.
– Modifica la escala de Ganancias para personas físicas, imponiendo una alícuota máxima del 40 por ciento para los ingresos de un millón de pesos en adelante.
– Grava con Impuesto a las Ganancias las transferencias de dividendos al exterior.
– Se deroga las exenciones en materia de Ganancias para casos en que la casa matriz de la empresa esté radicada en un paraíso fiscal, estableciéndose una alícuota del 15 por ciento.
El proyecto fue respaldado por el secretario de Ingresos Públicos, José María Farré, quien concurrió a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender la nueva versión de la iniciativa. En su exposición, Farré recordó que el establecimiento de tasas diferenciadas entre personas físicas y jurídicas es usual en otros sistemas fiscales.
