Catarata de aprobaciones en la Cámara baja

La Cámara de Diputados aprobó anoche y giró al Senado un proyecto que suspende por 180 días la ejecución de todas las sentencias y trámites procesales correspondiente a concursos preventivos, quiebras y todas las acciones judiciales y extrajudiciales de ejecución de las garantías reales de hipoteca y de prenda.

La iniciativa fue sancionada con el apoyo del justicialismo, el ARI, frepasistas y algunos radicales, mientras que fue rechazado por el Interbloque Federal, un grupo de aliancistas y los cavallistas de Acción por la República.

El proyecto diseñado en base a iniciativas del justicialista Oscar Lamberto y del legislador del ARI Mario Cafiero, declara la "emergencia social y productiva originada en la crisis económica" y en este marco dispone la suspensión de las ejecuciones procesales por 180 días.

Otra norma aprobada fue la que dio media sanción a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, una herramienta que derogará la vieja Ley de Patronato para garantizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños incorporada a la Constitución Nacional. Si el Senado aprueba su sanción definitiva, esta ley establecerá que todas las políticas referidas a los niños y adolescentes tendrán como objetivo central su contención en el núcleo familiar a través de la implementación de planes y programas de prevención, promoción, asistencia e inserción social.

La iniciativa también derogará la Ley de Patronato, de más de 80 años, que permitía lo que los profesionales de la infancia denominan "institucionalización de la pobreza", es decir, la internación de los chicos de pocos recursos en institutos de menores asistencialistas donde también se mezclan con aquellos en conflicto con la ley penal.

En otro orden, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley para que se ordene a las empresas prestatarias del servicio público telefónico a "tasar y facturar las llamadas por fracción de minuto horario en todas las regiones del país".

La iniciativa fue presentada por el diputado socialista Héctor Polino y, además, prevé que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) implemente un cuadro tarifario que establezca la fracción de sesenta segundos como unidad de comunicación para las llamadas urbanas en todas las regiones del país. La tarifa máxima por cada fracción de sesenta segundos, según el proyecto que tiene media sanción, sería la mitad de la tarifa que actualmente aplican las empresas para la unidad de tasación de 120 segundos en llamadas urbanas horario normal. Asimismo, sería la cuarta parte de la tarifa que hoy aplican las empresas para la unidad de tasación de 240 segundos en llamadas urbanas horario reducido.

Diputados dio también media sanción al proyecto de Héctor Romero (UCR-Chaco), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por el que se le devuelve la autarquía financiera y la autonomía funcional al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que, de sancionarse el viernes en el Senado, no dependerá del Presupuesto nacional. Los fondos que permitirán la autarquía del INTA, que tampoco dependerán de las decisiones emanadas del Ministerio de Economía, serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración Nacional de Aduanas (ANA), sobre el 0,5 por ciento de las importaciones, debiendo ser depositados por ésta diariamente a la orden del Instituto.

En otro orden, se aprobó un proyecto de ley que incorpora al Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, como "un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos", según los legisladores.

La norma prevé penas de prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación por el doble del tiempo para el funcionario público que "con abuso de sus funciones" prive a alguien de su libertad o aplique a detenidos apremios ilegales o vejaciones. También contempla prisión o reclusión de 5 a 15 años e inhabilitación perpetua al agente del Estado -"o persona o grupo organizado que actúe con apoyo del Estado"- que prive ilegítimamente de su libertad a una o más personas, "sin informar sobre el paradero de la misma".

En caso de que "resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua".

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