La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que pone fin a la convertibilidad, declara la emergencia económica, pesifica las deudas del sistema de financiero hasta 100.000 dólares y de tarjetas de crédito y suspende por tres meses los despidos.
La iniciativa fue sancionada con el respaldo del justicialismo, el radicalismo, y el Frepaso aliancista, mientras que fue rechazado por el ARI, el Frepaso disidente, el Frente para el Cambio, los provinciales, el Polo Social, la Izquierda Unida, y Autodeterminación y Libertad.
La histórica sesión donde se derogó la Convertibilidad demandó desde el sábado casi 13 horas de debate, en cuyo transcurso expusieron más de treinta oradores, con una presencia masiva de diputados ya que en el momento de la votación en general se encontraban 230 de los 257 que componen el cuerpo.
Si bien la inmensa mayoría de los oradores destacaron el carácter "trascendental" e "histórico" de la sesión, a la hora de votar la ley ómnibus en general y en particular se utilizó el sistema de mano alzada.
Aunque la responsabilidad de la sanción de la ley estuvo en manos del justicialismo, el radicalismo y el Frepaso aliancista, también el Frepaso disidente, el ARI, el Polo Social y el Partido Socialista Popular respaldaron la desdolarización de las tarifas de servicios públicos y la pesificación de las deudas de las tarjetas de crédito.
La desdolarización de las tarifas y las pesificación de las deudas en dólares en el sistema bancario hasta 100.000 pesos y de los saldos de las tarjetas de créditos, se convirtieron en los ejes centrales del debate.
El ARI se abstuvo en el artículo sexto que pesificó las deudas del sistema financiero con un tope de 100.000 dólares. En cambio, el Interbloque Federal, el cavallismo, el Frente para el Cambio, la Izquierda Unida, y Autodeterminación y Libertad mantuvieron el rechazo a todo el artículo de la ley, como lo hicieron en la discusión en general.
La desdolarización de las tarifas y las pesificación de las deudas en dólares en el sistema bancaria hasta 100.000 pesos y de los saldos de las tarjetas de créditos, se convirtieron en los ejes centrales del debate en particular que protagonizaron los legisladores.
El artículo sexto referido a la pesificación de las deudas en dólares para créditos hipotecarios, de refacción y construcción de viviendas, créditos personales, prendarios para adquisión de automotores y los que cumpla requisitos de pymes, que no superen los 100.000 dólares, generó los mayores debates porque algunos querían extender ese beneficio, y otros criticaban la compensación a los bancos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Matzkin, quien tuvo la responsabilidad de poner freno a las permanentes demandas, aseguró este subsidio a los deudores tiene un costo total con diferentes vencimientos de 8.000 millones que es el "stock de la deuda" que se financierá con la retención a los exportaciones con la cual se "piensa recaudar 1.000 o 1.200 millones por año".
Matzkin señaló que se incorporó un párrafo donde se establece "en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías petroleras para no afectar los intereses provinciales".
De este modo, el legislador pampeano buscó morigerar las criticas de Sergio Acevedo, quien en lugar de destinar ese dinero a la renta financiera propuso dedicarlo a las provincias más rezagadas de la Patagonia.
"No estamos de acuerdo con que la renta petrolera la sostenga al Banco de Galicia, y no a los pequeños comerciante de las poblaciones mas rezagadas", dijo Acevedo.
La presidente del ARI, Elisa Carrio, aseguró que "no hay que darle los poderes a este no es un gobierno que no es fuerte, sino que ha surgido por una legitimidad precaria y la delegación supone hacer preso de todos los lobby al Poder Ejecutivo". En su discurso, Carrio reclamó a los diputados hacer "una profunda investigación para comprobar "quienes fueron los que se llevaron la plata del país".
El diputado radical Jesús Rodríguez aseguró que "no está garantizado el éxito con este esquema cambiaria y afirmar lo contrario sería un pecado de irresponsabilidad" y dijo que su partido está dispuesta a colaborar con este gobierno de otro signo partidario.
Rodríguez agregó que "desde este bloque que viene del fracaso en el gobierno tiene la mano tendida a este nuevo gobierno y no nos importa que un señor con otros colores partidarios están en la presidencia de la Nación".
En la discusión hubo varias propuestas rechazadas como la que realizó el cavallista Guillermo Alchouron para agregar que se contemplen en la pesificación a toda la maquinaria agropecuaria y de uso industrial, y se incluya que no habrá retención de origen agropecuario.
Tampoco se aceptó el pedido del arista Héctor Polino para que se establezca claramente que los usuarios de las cooperativas tuvieron el mismo tratamiento con los deudores del sistema financiero, que según el radical Horacio Pernasetti ya estaban incluido cuando se hablaba de las pymes.
También la neuquino Haydee Savron pidió que se aclare que la pesificación era "solo para la vivienda familiar y única, y que los créditos a las pymes no tengan tope", y el izquierdista Luis Zamora pidió eliminar una parte del artículo para "impedir la refinanciación de grupos económicos".
En este artículo se incluyó un parrafó especial para los ahorristas en el cual se establece que el PEN dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital pertenecimiento a los ahorristas que hubieran realizado depósitos en entidades financieros, reestructurando las obligaciones de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero.
También generaron debate los artículos octavo y noveno, referidos a las tarifas, punto en el que Héctor Polino y Alicia Castro plantearon su oposición a las renegociaciones. La misma postura mantuvo el socialista Ruben Guistiniani, pero el presidente de la comisión de Presupuesto, Jorge Matzkin, rechazó los cambios.
En la discusión en particular se incorporaron también otros cambios, se suspendió por tres meses la aplicación de la Ley 25.557, que suspendía en las cuenta sueldo las restricciones bancarias.
Además, se resolvió que por seis meses los empleadores no podrán despedir a ningún trabajador sin causa justificada. En el caso de producirse la cesantía tendrán que abonar doble indemnización.
Una de las últimas cuestiones en debate fue la habilitación del per saltum para las medidas cautelares contra los Estados nacional, provincial o municipal. El artículo fue resistido por el ARI, los partidos de izquierda, provinciales y el diputado radical Héctor Romero, pero finalmente la mayoría impuso su número.
En el último tramo de la sesión, el presidente del bloque del justicialismo Humberto Roggero se comprometió hoy a avanzar en la sanción de un proyecto para constituir una comisión especial para investigar "los hechos referentes a la fuga de los capitales" y en ese sentido anticipó que pedirá una sesión especial para la próxima semana para debatir esta cuestión.
Roggero aseguró que "estamos asistiendo a la formalidad de sepultar una de las leyes más importantes que tuvo la Argentina, como convertibilidad", y aseguró que "estamos buscando que los ganadores de la economía concentrada empiecen a pagar algo de lo que se llevaron del país".
