El Senado convirtió en ley la Emergencia Económica

El Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley de Emergencia Económica, Administrativa y Pública, que deroga la convertibilidad y pesifica las deudas de las tarjetas de crédito, las tarifas de servicios públicos y las deudas con el sistema bancario que no superen los 100.000 dólares.

La ley permite al Poder Ejecutivo modificar contratos con las empresas extranjeras de servicios públicos, crear un impuesto extraordinario a las compañías petroleras, suspender los despidos de personal durante los próximos tres meses y convertir a pesos la mayoría de los créditos que los bancos otorgaron en dólares.

El justicialismo, con cuatro excepciones y con el aval de la mayoría del radicalismo, se impuso en la votación y ratificó la media sanción que horas antes había conseguido en Diputados.

El bloque justicialista votó la medida, aunque se encontró con las abstenciones de la puntana Liliana Negre de Alonso, de los santacruceños Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández, y de la salteña Sonia Escudero, quienes coincidieron al decir que anteponían sus convicciones a la disciplina de bloque.

En el bloque radical, el fueguino Jorge Collazo fue el único que votó en contra; al igual que Vilma Ibarra (Frepaso-Capital), Lazzaro Chiappe (Liberal-Corrientes), Nancy Avelín (Cruzada-San Juan), Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán). La neuquina Luz Sapag, en tanto, se abstuvo de acompañar la sanción.

La sesión comenzó a las 10.28 y culminó nueve horas después tras unos treinta discursos, en muchos casos reiterativos en su contenido, sostenidos por sus autores en la necesidad de manifestarlos por considerar al de ayer como "un debate histórico".

Ante la "imposibilidad de realizar modificaciones en el debate en particular por cuestión de tiempos", según justificó el vicepresidente del bloque PJ, Marcelo López Arias, la votación de articulado por articulado se realizó en un acelerado trámite de sólo diez minutos.

La desdolarización de las tarifas y las pesificación de las deudas en dólares en el sistema bancaria hasta 100.000 pesos y de los saldos de las tarjetas de créditos, fueron los puntos principales del debate.

En tanto que el artículo referido a la pesificación de las deudas en dólares para créditos hipotecarios, de refacción y construcción de viviendas, créditos personales, prendarios para adquisición de automotores y los que cumpla requisitos de pymes, que no superen los 100.000 dólares, también fue motivo de un análisis diferenciado.

El primer orador fue el justicialista Oscar Lamberto (Santa Fe) quien dijo que "es difícil romper con un instrumento al que la gente está tan acostumbrada", en referencia a la paridad cambiaria del peso con el dólar.

Como miembro informante del proyecto, el senador santafecino dijo que la convertibilidad se vio signada por "un insolente peso dolarizado que permitía comprar todo barato y producir todo caro en la Argentina, con una economía que imponía los productos importados sobre los nacionales".

"Tenemos una relación cambiaria que nos impide la relación con el resto del mundo; aunque los programas monetarios tienen que ser ordenados para ayudar a la actividad productiva", aclaró el titular de la comisión de Economía.

Al hablar de la salida de la convertibilidad dijo que "esta pelea no es gratis, porque hay gente que va a perder plata, y que como ganaron durante muchos años, ahora van a poner palos en la rueda".

"Del otro lado de esta pelea está un país que tenemos que construir: con conductas disciplinadas, para que nadie crea que vuelva el 'viva la pepa'", remarcó.

En nombre del bloque de senadores del radicalismo, su presidente, Carlos Maestro (Chubut), ratificó el apoyo al proyecto argumentando que "es necesaria una actitud de prudencia y responsabilidad en el momento que estamos atravesando".

"Acompañamos una serie de medidas: respetar y proteger al universo de deudores tratando de resguardar a los tomadores de crédito, que tiende a proteger el capital de los ahorristas con protección de sus ahorros", manifestó.

Uno de los economistas de la bancada radical, el mendocino Raúl Baglini manifestó que "el tipo de cambio a fijar tiene que resultar creíble".

"Si resulta creíble, la mitad de la batalla está ganada; para esto es necesario evitar una sobrereacción respecto de la cotización del dólar con corridas contra el valor que se fije, algo que se refuerza a partir de la inmovilidad de los depósitos bancarios", agregó.

El ex presidente Raúl Alfonsín, en tanto, dijo que "la devaluación puede producir una disminución en el salario real, pero esto hace a un aumento de la producción con la consecuente caída de la desocupación".

Una de las opositoras a la iniciativa, la senadora por el Frepaso Vilma Ibarra, destacó que "se terminó el modelo de ganancias extraordinarias porque se agotó el país; la convertibilidad murió con (Domingo) Cavallo, que fue su creador".

El salteño Ricardo Gómez Diez (Salta), que votó en forma negativa, dijo que "se debe mantener la plena vigencia de las normas que impiden emitir sin respaldo; lo que significa una garantía para los que habrán de pagar el costo de la devaluación que son los asalariados".

"Está claro que alterar el tipo de cambio importa un beneficio para los acreedores y para los sectores productores de bienes que deben enfrentar la competencia de la importación, pero el costo lo pagan los asalariados que viven de un ingreso fijo y que se va a ver deteriorado", advirtió.

El proyecto contempla también la suspensión por tres meses de la aplicación de la ley 25.557, que dejaba sin efecto en las cuentas sueldo las restricciones bancarias.

Además resuelve que por seis meses los empleadores no podrán despedir a ningún trabajador sin causa justificada, y en el caso de producirse la cesantía tendrán que abonar doble indemnización.

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