Al ser aprobado el proyecto enviado por el Gobierno actual, el Parlamento aprobó en menos de doce años su tercera ley de Emergencia Económica, la cual, además, es la segunda en la que la bancada de radical se convirtió en el elemento clave para que la misma pudiera ser implementada por administraciones justicialistas.
La primera de dichas leyes fue votada en 1989 para que el entonces presidente Carlos Menem pudiera afrontar la crisis de hiperinflación que obligó, en julio de ese año, a su antecesor Raúl Alfonsín a abandonar el cargo varios meses antes del vencimiento de su mandato y cuando no habían asumido aún los legisladores recientemente electos.
Una década después, al asumir la presidencia el radical Fernando De la Rúa, su ministro de Economía, José Luis Machinea, solicitó una nueva ley de emergencia, pero en tal caso el tratamiento de la misma llevó algún tiempo, ya que si bien el entonces bloque de la Alianza la hizo aprobar en la Cámara baja, la mayoría del PJ en el Senado demoró su sanción.
Frente a las anteriores que fundamentalmente hacían eje en las políticas fiscales, que se trasladaban a diversas áreas del Gobierno, esta tercera apunta a una cuestión casi única que es permitir la devaluación del signo monetario nacional y dar en buena medida por terminada la Ley de Convertibilidad que hiciera aprobar en 1991 el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Esta emergencia económica, que delega buena parte de las atribuciones del parlamento en el Poder Ejecutivo al igual que lo hiciera pocos meses atrás otra dada por la Alianza a De la Rúa y Cavallo, que fuera derogada apenas días atrás, también incluye otros aspectos como el futuro del llamado "corralito" y de las tarifas de los servicios públicos.
