Debate sobre el proyecto de reforma constitucional

La reforma constitucional que impulsa el gobierno de Eduardo Duhalde abrió un debate que involucró a constitucionalistas y legisladores, tanto opositores como oficialistas, sobre la necesidad y oportunidad de la iniciativa y acerca de la real reducción de gastos que implicaría, entre otros aspectos.

La iniciativa fue también discutida en el encuentro que el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores mantuvieron en Olivos, en el que "no hubo consenso unánime", según relató el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien destacó que "sí hubo acuerdo para promover la reforma política en cada provincia".

El senador riojano Jorge Yoma, uno de los autores del preproyecto de reforma política que estudia el Gobierno, juzgó "impostergable una drástica reducción de las estructuras políticas del Estado nacional, provincial y municipal", para "mejorar la calidad de la representación popular".

Yoma aseguró que existe "una enorme voluntad política de encarar" el proceso de la reforma de la Constitución y de un "Pacto Constituyente Federal" que comprometa a las provincias en una reforma de sus propias estructuras políticas y burocráticas.

"Es el momento de hacer la más importante reforma del sistema político en la historia institucional de la Argentina", destacó.

El proyecto que impulsa el Gobierno contempla, entre otros puntos, la reducción del número de senadores de 72 a 48 y elevar el piso de representación de la Cámara de Diputados de 150 mil a 250 mil habitantes por legislador, lo que llevaría a 150 el número de diputados.

También propone reducir el mínimo de representación de 5 a 3 diputados por provincia y establecer un parámetro para que exista un legislativo unicameral en cada distrito, con un tope de 30 bancas para aquellos que tienen más de 1 millón de habitantes.

Según estimó Yoma, esta reforma permitiría restar 770 legisladores provinciales de los 24 distritos, a lo que se sumaría una "reforma profunda a nivel municipal estableciendo la participación efectiva de las organizaciones intermedias".

Además, se plantea la disminución del número de integrantes de la Corte Suprema de 9 a 5, del Consejo de la Magistratura de 19 a 5, del Jury de Enjuiciamiento de 9 a 3 representantes y una sustancial reducción de la planta "política" de la administración central.

Sobre estos puntos, el constitucionalista José María Herrera consideró que la reforma constitucional "no es el camino más inteligente en medio de la profundísima crisis que tiene el país para enfrentar un debate transparente, serio y profundo".

Aseveró además que la iniciativa "rompe las bases federales y municipales del sistema argentino".

Si bien consideró que hay elementos para una reforma política, dijo que "resulta evidente que se puede hacer sin reformar la Constitución" y más si es encarada desde "el punto de vista economicista, tal la lectura que se desprende como el único objetivo que tiene el gobierno".

Herrera opinó que "ir necesariamente a un sistema unicameral a nivel provincial es lisa y llanamente pasar por alto el federalismo y es groseramente inconstitucional", ya que afecta "la autonomía de cada provincia", sin considerar que "la bicameralidad -sostuvo- es para obtener una mejor legislación y un mejor control".

Por su parte, el también constitucionalista Alberto García Lema compartió "plenamente" los objetivos de la reforma impulsada por el Ejecutivo, pero advirtió que "va a requerir de un proceso de preparación previa mediante un acuerdo federal o interprovincial".

También estimó que "se requiere en primera instancia implementar algunas medidas en forma directa que pueda ahorrar en lo político, inclusive en la medida que puedan ser alcanzadas por leyes y al mismo tiempo que permita ir preparando las bases de las convocatorias a asambleas constituyentes".

El ex ministro de Justicia aliancista Ricardo Gil Lavedra opinó a su vez que Argentina "tiene déficits institucionales serios" y que debería discutirse, además de la coparticipación federal, "el funcionamiento del sistema político tras el colapso del gobierno de Fernando de la Rúa" para salir de su "rigidez y dar una salida a los cambios de preferencias del electorado".

En este sentido, cuestionó la figura del jefe de Gabinete en la Constitución concebida como "un liderazgo forzado, un líder paternalista que pueda salvar a la Nación ante las crisis" y se manifestó a favor de "un sistema que favorezca la cooperación y el consenso".

Respecto del proyecto conocido, coincidió en que "en cada una de las provincias no se justifica un parlamentarismo bicameral y se podría avanzar un poco más en la regionalización para que el gasto sea más eficiente y más transparente".

Desde la UCR, el jefe del bloque de senadores, Carlos Maestro, prefirió esperar a "ver en qué consiste el proyecto, aunque el número de diputados habilita una fuerte representación federal y reducirlo puede hacer crecer la influencia de algunas provincias sobre otras".

Maestro admitió que la reforma política "es una de las demandas de la sociedad", pero advirtió que "hay que ver los términos en que se plantea, aunque esperamos que no traiga elementos de disociación".

"En este momento hay urgencias mayores, como fortalecer el programa económico y llevar adelante un debate sobre el Presupuesto, la reforma tributaria y el desarrollo de un programa consistente", evaluó el legislador chubutense.

Por su parte, el diputado radical Leopoldo Moreau sostuvo que "la reducción del gasto se puede aplicar con una Ley de Ministerios" y rehusó respaldar una reducción del número de legisladores.

"Voy dispuesto a votar el achicamiento del gasto político, pero primero hay que discutir, porque no se trata de hacerlo desde lo económico: se trata de hacerla desde el lugar de las instituciones para fortalecer la participación", dijo Moreau.

El legislador radical llamó a "poner a la reforma política en el marco del dialogo con la Iglesia" y consideró que en Argentina "hay que resolver los problemas sociales y hablar los temas con seriedad, así que, si hay que bajar las dietas, se bajan las dietas".

Desde la Izquierda Unida, el diputado Patricio Echegaray alertó sobre los peligros de una reforma política impulsada por Duhalde que, sostuvo, "representa a un gobierno ilegítimo y débil que asumió hasta el 2003 burlando la Constitución y la exigencia popular de elecciones con legisladores que representan a los gobiernos que cayeron burlados por la movilización popular".

En tanto, el jefe de la bancada del Frepaso disidente, José Vitar, opinó que "este es un momento en que hay un fuerte malhumor de la sociedad contra el conjunto del sistema político, lo cual puede ser legítimo, pero también hay mucha campaña en contra de la política y de los órganos legislativos".

El legislador admitió que "el ajuste hace falta para dar una respuesta de austeridad y transparencia", pero alertó que, "cuando se reduzca el gasto político, la sociedad se dará cuenta de que no se habrán dado muchos cambios".

Vitar criticó la iniciativa del gobierno en esta materia "porque hace la más fácil: embestir contra los políticos, en vez de hacerlo contra las empresas privatizadas y el poder económico".

El diputado José María Díaz Bancalari, del PJ bonaerense, dijo por su parte que existe "una voluntad mayoritaria de una reforma al sistema de representación y se ve como imperioso la reducción del número de diputados".

Si bien admitió que se verá disminuida la representación de diputados de los distritos, Díaz Bancalari instó a "volver a entender que en la Cámara de Diputados están los representantes del pueblo y en el Senado, los de las provincias".

"Hoy hay una representatividad que está cuestionada. El tema de los costos, que será un 1 por ciento y que si hay que hacer un gesto se disminuirá, no tiene que llevar a creer que va a solucionar los problemas de la Argentina con esa disminución", aclaró el diputado.

Alguna queja surgió también del diputado justicialista cordobés Eduardo Di Cola, para quien una reforma "no debe surgir de la imposición de una mayoría circunstancial, sino de un proceso de debate preconstituyente fecundo, para que el objetivo sea realmente importante".

"Hay que analizar la oportunidad y llegar a un consenso con las fuerzas políticas y los gobernadores para que sea una reforma positiva", enfatizó. "Una reforma es positiva si puede significar una solución para la reducción de costos de los tres poderes", remarcó.

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