También dispone pesificar uno a uno a las deudas no bancarias de hasta 30 mil dólares para refacción o ampliación de hogar, y las contraídas con cooperativas o mutuales.

Con el voto de dos tercios de los presentes, la Cámara resolvió a último momento eliminar los artículos 16 y 17 del texto sancionado en el Senado, que prohibían la transferencia de divisas al exterior y eximían del pago de todo impuesto nacional y tasas de justicia a créditos reprogramados por deudores privados. Ello fue propuesto por los representantes del PJ y apoyada por los integrantes del radicalismo, el ARI, el Frepaso, Acción por la República y varias fuerzas menores de centroizquierda.

Los diputados mantuvieron los ejes centrales del proyecto que declara la Emergencia Productiva y Crediticia hasta el 10 de diciembre del 2003.

La eliminación de los artículos 16 y 17 que prohibían la transferencia de divisas al exterior y permitían no abonar impuestos a la reprogramación de la deuda privada incorporados por el Senado fue acordada por los presidentes de los bloques en la reunión de Labor Parlamentaria. En ese encuentro se sucedieron las críticas al proyecto del Senado y se acordó debatir en un plazo no mayor a tres meses una nueva ley correctiva de quiebras, y en una quincena la pesificación de las deudas no contraídas en los bancos que quedaron fuera de esta ley referidas a créditos personales, prendarios y de pymes.

La sesión se abrió con un discurso del miembro informante, el justicialista Eduardo Di Cola, quien expuso los detalles del proyecto, pidió la votación favorable a los cambios incorporados por el Senado y anuncio el acuerdo para anular los artículos 16 y 17. Desde el radicalismo, Horacio Pernasetti criticó algunos cambios introducidos por el Senado que "son confusos y exagerados" y respaldo la anulación del artículo 16, aunque se pronunció a favor de realizar otra ley para establecer diferentes limitaciones a la transferencia de divisas al exterior.

Sobre esta cuestión, la presidente del ARI Elisa Carrio consideró "una buena noticia la anulación de los artículos 16" y adjudicó la incorporación de la segunda parte de ese artículo "a puro lobby del Senado". En tanto, el presidente del Frepaso Darío Alessandro también confirmó su respaldo a la ley y señaló que la anulación de estos artículos permitirá "excluir lobbis importantes", pero propuso que se apruebe una nueva ley para que "no se vayan del país un bien tan preciado y escaso de la Argentina como son las divisas"

Estos artículos se convirtieron en el principal punto -junto a la necesidad de la ampliación de la pesificación- del debate protagonizado por los diputados en la sesión especial, donde se argumentó contrario a estos artículos porque consideraron que la prohibición de girar transferencias al exterior abría las puertas al default privado y podía generar innumerables juicios contra el Estado Nacional.

El artículo 16 dice que "se prohíben las transferencia de divisas al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio exterior, o por otros conceptos que autorice el Banco Central, tales como: a) régimen de libre disponibilidad de divisas establecido con anterior a la presente ley; b) gastos o retiros que se realicen en el exterior con tarjetas de créditos o débito nacional, de acuerdo al avance de la reprogramación de las deudores públicos y privados argentinos, considere que se puede atender el servicio de la misma por parte de los deudores. Además establece que quedan exceptuados de este artículo "la cancelación de compromisos financieros y comerciales de las empresas exportadoras, en tanto estos pagos se realicen de manera directa en el exterior con el producido de sus exportaciones y sin la previa liquidación de divisas".

En tanto que el artículo 17 fija que la "reprogramación de deuda externa de deudores privados, cuanto los resultados que se deriven como consecuencia de ellas, estarán exentas de todo tipo de impuesto nacional y de las tasas de justicia.

"De igual exención gozar n las transferencias, ventas, cesiones y otras operaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley". Si bien los diputados expresaron diversas críticas y Pernasetti anunció el acuerdo para promover en 90 días una nueva ley correctiva, se consideró que el objetivo central de la ley se cumple al suspenderse las ejecuciones por m s de seis meses previo a la apertura de la actividad judicial.

Sólo mantuvo una oposición total al proyecto, el demoprogresista Alberto Natale, quien advirtió que con esta ley "se terminará el crédito y la confiabilidad" y dijo que "el crédito es fundamental porque un país puede vivir bien sin producir una calidad de bienes que ser n reemplazados por otro, pero ningún país puede funcionar sin tener sistema financiero". En cambio, la diputada del Frente para el Cambio Alicia Castro, del Frente Grande Carlos Raimundi, y el cavallista Marcelo Dragan respaldaron el proyecto, aunque también sumaron muchas críticas al trámite y las modificaciones del Senado.

Un punto que también abrió discusión es la ampliación de la pesificación y aquí también se promoverá una ley correctiva, pero en un plazo de una semana o 15 días, para que puedan recibir este beneficio las personas que tienen créditos personales, prendarios y pymes acordados fuera del sistema financiero y que no superen los 100.000 dólares.

La ampliación de la pesificación en estas deudas acordadas entre particulares -en su mayoría en financieras o escribanías- estará acotada a los créditos hipotecarios o para construcción, refacción o ampliación de viviendas y para las personas físicas con préstamos en las mutuales y cooperativas.

Puntos principales:

- Se declara la Emergencia Productiva y Crediticia hasta el 10 de diciembre de 2003.

- Se amplían la pesificación a las deudas destinadas a compra, ampliacián y construcción de vivienda acordadas en escribanías y en mutuales y cooperativas que no superen los 100.000 dólares.

- Se suspenden por 180 días hábiles a partir de la presente ley la totalidad de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales hipotecarias y prendarias.

- Se establece un período de exclusividad de propuestas para el deudor de hasta 180 días m s sobre el plazo ordinario establecido.

- El juez deberá dictar resolución dentro de los tres días de la propuesta del deudor dentro del período de exclusividad.

- La homologación de acuerdos importa la renovación de todas las obligaciones anteriores al concurso sin extinción de las obligaciones de fiadores ni codeudores solidarios.

- Se amplían los plazos asumidos por el deudor para cumplir sus obligaciones y se prorratean los importes incorporando los nuevos plazos.

- Se podrán disminuir los importes de las cuotas dentro del plazo de la Emergencia Productiva y Crediticia pasándose a las últimas cuotas las sumas excedentes.

- El BCRA deberá reglamentar la eliminación de las restricciones que obstaculicen el acceso al crédito de las firmas concursadas para lo cual deberá implementar una línea de redescuento especial.

- Se fijan tasas especiales para los procesos concursales a los efectos de disminuir los costos.

- Sin perjuicios de los acuerdos de parte los honorarios regulados no podr n superar el 1,5 por ciento del activo.

- Las entidades financieras deberá reestructurar sus acreencias al 30 de noviembre de 2001 en no m s de 90 días en acuerdo con sus deudores.

- Dicha reestructuración deberá incluir quitas, esperas y menores tasas y, de no concretarse, implicara la previsión del cien por ciento de la acreeencia.

- Se deroga el instituto concursal denominado "cram down" establecido en el artículo 48 de la Ley 24.522.