El presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores acordaron impulsar una reducción del 25 por ciento en los gastos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el orden nacional como en las provincias, en el marco de la reforma política que se impulsa desde la Casa Rosada.
El "acuerdo federal", que fue suscripto por el Gobierno nacional y 23 distritos -todos menos San Luis-, también contempla la realización de elecciones cada cuatro años, por lo que se eliminarían los comicios cada dos años para los cargos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal. Según informó el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, tras la cumbre en la residencia de Olivos, Duhalde y los gobernadores también acordaron la eliminación de los "gastos reservados" y la adopción de un sistema de "tachas y preferencias" para las elecciones en lugar de las famosas "listas sábana".
La intención de Duhalde y de los gobernadores -ayer estuvieron en Olivos los del PJ, la Alianza y el único provincial, Jorge Sobisch (Neuquén)- es "invitar" además al Poder Judicial a realizar su propio ajuste, también del orden del 25 por ciento de su presupuesto. Ahora, el Gobierno nacional pasará en blanco el acuerdo y lo enviará al Congreso para que sea convertido en ley -el nuevo sistema electoral debería ser aprobado antes de los comicios previstos para el 14 de septiembre de 2003-, en tanto que luego será ratificado por las Legislaturas provinciales.
Al término de la reunión en la residencia de Olivos, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota celebró "el compromiso alcanzado de una fuerte reducción del gasto político en los tres poderes y la posibilidad de una reforma constitucional, para achicar los integrantes de los tres poderes".
"Hay que tratar de reconquistar la estabilidad porque nadie quiere vivir en un país donde hay inflación" y "lograr la igualdad", dijo el mandatario, al sostener que en materia política "es necesario gastar menos y mejor".
A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, había propuesto "la caducidad voluntaria de todos los mandatos y que en un plazo determinado del 2002, la sociedad renueve a toda la dirigencia".
En tanto, el mandatario de San Juan, Alfredo Avelín, remarcó que "la reforma es necesaria para lograr la credibilidad de la gente" y advirtió que "vivimos sobre un volcan en actividad que hay que desactivar con actitudes y ejemplos de vida".
Desde el ámbito legislativo, la titular del ARI, Elisa Carrió, dijo que "el verdadero problema es institucional y consiste en la lucha contra la corrupción", y remarcó que "tiene que haber una prohibición expresa del financiamiento de empresas y de sectores privados, porque si esto no se aplica es inútil todo lo que se intente hacer".
Estos son los puntos principales del Acuerdo Federal:
– Reducción de las estructuras de gobierno -cuando no hubiera realizado- como mínimo en un 25 por ciento y del número de directores y funcionarios de organismos descentralizados y disminución de las remuneraciones percibidas en todo concepto por sus integrantes.
– Eliminación de los gastos reservados en todos los Poderes del Estado, a excepción de los asignados a las áreas de defensa y seguridad ciudadana.
– Implementación de mecanismos efectivos de gestión por resultados, evaluación permanente con publicidad de los mismos, estableciendo normas de calidad y transparencia.
– El Poder Ejecutivo se compromete a eliminar aquellas funciones cuya ejecución ha sido transferidas a las provincias garantizando el financiamiento adecuado.
– Limitar los gastos de la función legislativa provincial entre un 1 y un 2 por ciento
– Limitar los gastos totales de la función legislativa nacional al 0,80 por ciento del presupuesto del gasto público consolidado de la Administración Pública Nacional.
– Reducir en un 25 por ciento el número de miembros de la Cámara de Diputados de la Nación.
– Reducir el número de miembros de las legislaturas provinciales
– Desempeño Ad honorem de la función de concejal en los municipios cuya población sea inferior a diez mil habitantes
– Reformar el sistema electoral nacional sobre la base de apertura de las listas sábanas
– Limitar el tiempo de duración de las campañas electorales a 30 días
– Aplicación efectiva del derecho del ciudadano de acceder a información pública a cuyo efecto los poderes públicos del Estado deberán dictar las respectivas reglamentaciones.
