Empero, algunos expresaron sus reparos al reemplazo del presidencialismo por un sistema parlamentarista.

La senadora justicialista Mabel Muller se pronunció en favor de reformar la Constitución nacional para poder llevar adelante algunos de los aspectos de la "reforma política" anunciada por el presidente Eduardo Duhalde. "Es necesario hacerlo, ya que cuando uno habla de una reforma política en serio hay que reformar la Constitución", manifestó Muller al defender la iniciativa planteada por Duhalde.

Además, la senadora duhaldista rechazó que ese proyecto sea "una tarea distractiva" del Gobierno.

En nombre del ARI, el secretario del partido, Oscar González, dijo que la fuerza no tiene una opinión consensuada al respecto, pero que personalmente considera a la reforma constitucional "como un instrumento necesario y útil si genera métodos de participación y no una reforma al estilo de la del '94, que encubra pactos políticos espúreos".

Desde el menemismo, el diputado Adrián Menem apoyó la iniciativa de reformar la Carta Magna, cosa que viene proponiendo desde hace un año y medio, aunque consideró que "falta consistencia en el tema porque aún no hay ningún proyecto presentado sobre que artículos necesitan reformarse". Sobre el sistema parlamentario, Menem dijo que "la gente está acostumbrada a un sistema presidencialista fuerte" y agregó: "no veo porque hay que cambiarlo".

El diputado delasotista Eduardo Di Cola propuso encarar una modificación a la Carta Magna desde dos aspectos: "en lo que hace a la baja de sus costos y en la eficientización que la política debe tener", aunque advirtió que "las soluciones que el país necesita van más allá de las reformas políticas".

Di Cola afirmó además no estar convencido de que el sistema parlamentario "sea lo que más se ajuste a las necesidades del país y a nuestra idiosioncrasia".

Desde la izquierda, la legisladora porteña Vilma Ripoll consideró que la propuesta del Gobierno "es una maniobra antidemocrática del PJ y la UCR, basada en la ilegitimidad de Duhalde que ha decidido mantener el viejo acuerdo del pacto de Olivos, haciendo votar la reforma por la Asamblea Legislativa que también es ilegítima". Consideró que la propuesta busca "mantener el control, lavarse la cara y proscribir a las minorías; fundamentalmente, a la izquierda" y consideró que el sistema parlamentario es "parte de la maniobra, para desdibujar la imagen presidencial porque no tienen una figura de recambio".

En un comunicado, el diputado del socialismo democrático, Héctor Polino, fue el único que rechazó el planteo que Duhalde lanzó en su discurso del viernes. "Con la reforma constitucional, el Presidente pretende desviar la atención del pueblo de los problemas reales que hoy padece", afirmó.

A todo esto, el director de Reforma Política y Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Marchena, confirmó hoy que en las elecciones de septiembre de 2003 se celebrarán con la reforma política en marcha. "La intención es que en las próximas elecciones se vote con la reforma ya en funcionamiento", dijo Marchena en declaraciones hechas a la prensa en la Casa de Gobierno.

El funcionario agregó que "el lunes o martes, el acuerdo ingresará al Congreso de la Nación para que ratifique algunos de sus puntos", y arriesgó que durante la semana las legislaturas provinciales harán lo mismo.

Marchena indicó también que "el objetivo es llegar a mil millones de reducción de gastos" a fin de año, y que si eso no se logra en 2002 "entonces se obtendrá en el 2003".