Los diputados reanudarán la actividad mañana y analizarán entonces si piden pruebas adicionales a la documentación ya solicitada a la Corte Suprema sobre una decena de fallos y acordadas. También evaluarán si convocan a algunos testigos y el mecanismo para incorporar los nuevos expedientes que siguen llegando con pedidos de juicio a los magistrados.

La investigación abierta el jueves pasado por la comisión, tras declarar "admisible" de juicio político a la Corte Suprema, se realiza en medio de un clima tenso luego de las declaraciones de las autoridades del Tribunal Julio Nazareno y Eduardo Moline O'Connor a un medio extranjero contra la decisión de los diputados.

A esto se suma la intención del gobierno de apurar la jubilación de los jueces, a quienes ya se ha otorgado este beneficio, aunque ellos mismos decidieron seguir en actividad por diferencias salariales. En esta situación se encuentran la mayoría de los ministros del Tribunal, con excepción de Adolfo Boggiano.

Casualmente una de las acordadas objetadas y que es motivo de un pedido de juicio político es aquella por la cual la Corte declaró inconstitucional el inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución.

A propósito de esto, el titular de la Corte, Julio Nazareno y el vicepresidente de ese tribunal, Eduardo Moliné O'Connor negaron que los miembros de ese cuerpo estén pensando en renunciar y denunciaron que recibieron amenazas de muerte. Nazareno señaló que "por el momento, no hay ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia que se plantee la posibilidad de renunciar".

Por su parte, Moliné O'Connor denunció que él y dos miembros más de la Corte Suprema recibieron amenazas de muerte así como el ataque al domicilio de uno de ellos. "Sentimos que no hubo protección del poder político a los miembros de la Corte", dijo el magistrado en la entrevista.

Consultado respecto a la reacción del gobierno de Eduardo Duhalde y la de la gente ante las últimas decisión del máximo Tribunal, Nazareno consideró "inexplicable" que el reciente fallo que permitía a un ahorrista saltar el corralito y retirar los fondos, haya acelerado la puesta en marcha del proceso de enjuiciamiento al máximo organismo del poder judicial.

Por su parte, otro integrante del cuerpo como Adolfo Vázquez aseguró que no piensa renunciar a su cargo "bajo ningún tipo de presión" en medio del proceso de Juicio Político que se comenzó a tramitar en el Congreso de la Nación.

"No renuncio ni pienso renunciar bajo ningún tipo de presión", destacó Vázquez en declaraciones a un matutino porteño en las que resaltó que actualmente se busca que abandone su cargo "casi echado o saliendo por la ventana". Además, descartó que la Corte haya actuado durante el gobierno de Carlos Menem con una "mayoría automática".

En este contexto, la Comisión de Juicio Político que conduce Sergio Acevedo continuará su tarea para avanzar en la etapa sumarial que se inició el viernes con el pedido de una decena de sentencias y acordadas, que serán la base para determinar si se puede llevar adelante una acusación de mal desempeño a los ministros de la Corte. Por medio de un oficio se pidieron copias autenticadas de medidas controvertidas como el tramo de las sentencias de armas que permitió la liberación de Emir Yoma y de Carlos Menem, del corralito -hay dos fallos diferentes en un mes-, del rebalanceo telefónico y en el caso de Raúl Romero Feris, a quien la Corte permitió ser candidato pese a un fallo contrario de ese cuerpo en Corrientes.

También los diputados pidieron la acordada por la cual la Corte excluyó a los jueces de la obligación de cumplir la ley de Etica Pública en cuanto a las declaraciones juradas.

El titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Sergio Acevedo, afirmó que ese cuerpo está recibiendo "nuevos pedidos" de remoción de los jueces de la Corte Suprema. "En la resolución de la Comisión se incluyeron más de 30 pedidos de juicio, pero hay más de 50 pedidos y están llegando otros nuevos", señaló Acevedo. La Comisión de Juicio Político avanzó el viernes en el proceso a los magistrados del Tribunal supremo, en una reunión en la que se evaluaron cuáles de los expedientes de las subcomisiones de esa instancia serán tomados en cuenta para efectuar las acusaciones correspondientes.

Tras ese encuentro, Acevedo explicó en declaraciones a la prensa que las acusaciones se centrarán sobre "el mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones" por parte de los jueces del Tribunal.