La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuó en la víspera con el análisis de la "prueba documental" ya reunida en el proceso por "mal desempeño" y "prevaricato" que instruye contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Tras la reunión, el presidente de la comisión, Sergio Acevedo, aseguró que "hay unanimidad" entre los miembros del cuerpo en que existen "motivos suficientes para formular cargos" contra los miembros de la Corte, luego de analizar un conjunto de fallos del supremo tribunal.
Acevedo confirmó que la prueba documental consiste en los fallos emitidos por la Corte respecto de los temas testigos que la comisión tomó para acusar: el atentado a la embajada de Israel, el rebalanceo telefónico, el corralito financiero y el contrabando de armas.
El presidente de la comisión, el peronista Sergio Acevedo, anunció que "hemos establecido un paso instructorio de diez días para producir la prueba de los expedientes que hemos considerado que tiene que ver con las tarifas telefónicos, el corralito, el caso (Carlos) Fayt, del corralito, de ética pública, y de Corrientes".
"La reunión ha sido muy importante porque se ha avanzado en el análisis de los cargos que eventualmente se formularán a los miembros de la Corte Suprema", agregó el diputado santacruceño en declaraciones a los periodistas formuladas en el Congreso Nacional. Además, en forma paralela otra comisión comenzará a estudiar la próxima semana un proyecto que puede poner fin a la carrera de los ministros de la Corte ya que se dispondrá la jubilación automática de los funcionarios del Poder Judicial. En esta situación se encuentran la mayoría de los ministros del Tribunal, con excepción de Adolfo Boggiano.
La decisión de dar un fuerte impulso a la investigación fue adoptada en una reunión realizada a puertas cerradas por los diputados de la Comisión, que quedaron facultados para definir las medidas que se deben instrumentar para cumplir con la etapa de acumulación de pruebas.
Un paso para acelerar el juicio político fue establecer un plazo para concluir la etapa sumarial y seleccionar un grupo de causas denominadas de "derecho", es decir que se puede determinar el "mal desempeño" con un estudio de la sentencia o acordada sin necesidad de recurrir a pruebas adicionales o testigos.
