Los diputados de la comisión de Juicio Político comenzaron a trabajar contra reloj en la elaboración de un dictamen de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y algunos creen que podrían tratarlo en el recinto de la Cámara baja en la última semana de febrero o la primera de marzo.
En este escenario, según anticiparon fuentes parlamentarias, los diputados de la comisión se reunirán hoy desde las 11 en el edificio anexo de la Cámara baja, donde avanzarán en la elaboración del dictamen que presentarán luego a sus pares en el recinto. Mientras tanto, los diputados avanzaron ayer en la confección de una agenda tentativa respecto a los plazos de la presentación del dictamen al cuerpo en pleno, luego de analizar los pedidos de remoción y seleccionar aquellos que compondrán la acusación.
El juicio político a la Corte fue motivo ayer de un debate en el bloque justicialista, donde se produjo una fuerte discusión que obligó a la conducción de la bancada a demorar hasta la próxima semana el análisis de la posición final que asumirá el oficialismo. En el bloque del PJ -que conduce Humberto Roggero- hay tres posiciones, una encabezada por su presidente que defiende el impulso del juicio político en base a cinco causas, otra que asume la propia conducción en centralizar solo la acusación en el fallo del corralito y una tercera del menemismo que está en contra.
El grupo encargado de llevar adelante la etapa sumarial decidió seleccionar un grupo de causas denominadas de "derecho", es decir que se puede determinar el "mal desempeño" con un estudio de la sentencia o acordada sin necesidad de recurrir a pruebas adicionales o testigos. En este lote de casos se encuentran los fallos sobre el corralito, el rebalanceo telefónico y la declaración de inconstitucional de un artículo de la Constitución que obligaba a los jueces a pedir autorización al Senado cuando cumplían 75 años.
También figura la habilitación como candidato a gobernador de Corrientes de Raúl Romero Feris, cuando estaba procesado por la justicia local y la excepción para aplicar la ley de Etica Pública a los jueces en la Corte en lo referente a las declaraciones juradas.
Además los diputados hoy deben definir que hacer con dos causas el fallo sobre el tráfico de armas que habilitó la libertad de Carlos Menem y Emir Yoma y la morosidad en la investigación por el criminal atentado terrorista a la Embajada de Israel.
