Los diputados de la comisión de Presupuesto y Hacienda decidieron suspender una reunión que habían programado, debido a que la Policía Federal "no les podía garantizar" la seguridad frente a una manifestación que se estaba realizando en las inmediaciones del Congreso.
Fue durante una concentración que llevó a cabo la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para rechazar el proyecto de Presupuesto Nacional de 2002, que el Gobierno envió al Congreso para que lo apruebe cuanto antes. Según informaron fuentes parlamentarias, la suspensión de la reunión fue pedida por diputados del PJ que se encontraban reunidos en el edificio anexo de la Cámara baja, luego de que funcionarios policiales no les garantizaran "el ciento por ciento" de su seguridad personal.
La decisión fue adoptada cuando responsables de la seguridad de la Cámara baja y unos 30 policías desplegados en los alrededores del Congreso informaron que no iban a poder controlar a los manifestantes si intentaban ingresar como ayer en el edificio Anexo de este cuerpo legislativo.
Ante esta circunstancia, la bancada del justicialismo, que se encontraba discutiendo detalles del proyecto de Presupuesto para este año con la presencia del secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, decidió suspender la reunión y pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. También se suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto prevista para las 16 y se cerraron todas las puertas del Palacio Legislativa, donde funcionan las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores, como medida preventiva hasta que finalizaran todas las manifestaciones.
Otros prefirieron hablar de falta de acuerdo y de reclamos que necesitan de una definición antes de que el peronismo lleve una posición única ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Fuentes del bloque del PJ mencionaron la preocupación del personal de seguridad de la Cámara de Diputados en el sentido de que se repitieron los hechos de ayer, cuando acreedores hipotecarios intentaron entrar por la fuerza al edificio Anexo y rompieron vidrios.
A esto se sumaba que el personal policial desplegado en la zona, según evaluaron las mismas fuentes, parecía insuficiente para contener a grupos de manifestantes en el caso de que intentaran superar las vallas y entrar al Congreso.
Para hoy no se aguardan movilizaciones y el justicialismo espera poder finalizar con su reunión de bloque que comenzó este mediodía con un análisis del juicio político a la Corte y suspendió cuando aún faltaba bastantes puntos para discutir sobre el Presupuesto 2002.
En la calle, mientras tanto, algunos manifestantes corrían las vallas que rodeaban el Congreso y el edificio anexo, y la Policía se retiraba del lugar. De todos modos, minutos más tarde la protesta de la CTA se realizó en medio de un fuerte operativo policial, que bloqueó el acceso por Rivadavia, a unos 100 metros del Congreso, y obligó a los manifestantes a concentrarse sobre la avenida Entre Ríos.
"Los diputados están jugando con el futuro de nuestros hijos y no vamos a parar hasta que se discuta en el Presupuesto de la Nación cómo se termina el hambre y la pobreza, y cómo se garantiza la salud y la educación para todos", sostuvo el titular de la CTA, Víctor De Gennaro.
La protesta reunió a militantes de la CTA, organizaciones de desocupados, estudiantiles, partidos de izquierda y asambleas barriales, que pidieron que se aumenten las partidas destinadas a los servicios de salud y educación. Los manifestantes estimados por fuentes policiales en 1100 y por los organizadores de la protesta en alrededor de 4500, rodearon el Parlamento y bordearon el edificio con una tela en la que se leía "represión, hambre, impunidad y desocupación".
Víctor De Gennaro, opinó que "el Gobierno optó por los grupos económicos concentrados y por eso, podrán licuar sus pasivos los Macri y los Fortabat". El sindicalista advirtió que "de acuerdo al Presupuesto, con el 10 por ciento de inflación habrá 2 millones de pobres más" y alertó, que "se denunciará uno por uno a los diputados que voten esa ley". El secretario general de ATE, Juan González, afirmó que el Presupuesto 2002 "es la continuidad de una decisión política de saqueo, ajuste y entrega. Es un ajuste no sólo para los trabajadores del Estado sino para el conjunto del pueblo". El sindicalista consideró que "esta política de ajuste puede sostenerse con represión, por eso la respuesta al ajuste debe ser el pueblo movilizado".
Por su parte, el titular de Federación de Tierra y Vivienda de la CTA, Luis D'Elia, reclamó "la unidad de todo el pueblo" para rechazar el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno al Congreso.
D'Elía, quien admitió la posibilidad de nuevos cortes de rutas, apuntó que "jamás vamos a cortar un camino que impida el paso a otros trabajadores, ni usaremos un método distinto que no sea la democracia directa porque nunca le hicimos el juego a los poderosos".
En otro orden, el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, aseguró que se iría del gobierno si alguien se propusiera "cometer el desatino de emitir (moneda) sin control", al asegurar que no está dispuesto a repetir errores del pasado generando inflación.
"Es fácil pedir sin decir de dónde saco", expresó el titular de Hacienda en respuesta a las críticas del diputado justicialista y ex gobernador de Santa Fe Jorge Obeid, respecto de los recortes previstos en los fondos de coparticipación federal.
Lamberto defendió así el presupuesto nacional actualmente en tratamiento legislativo, al que calificó de "proyecto defendible y sustentable", pero admitiendo que el mismo se ajusta a "lo que se puede hacer" en los momentos actuales.
"Obeid denota falta de conocimiento de cómo se hace un presupuesto. Es fácil pedir sin decir de dónde saco, si no hay recursos y la gente tiene problemas para pagar los impuestos, no queda otra fórmula que reducir el gasto", señaló Lamberto.
Por su parte, el bloque de diputados radicales buscará acordar con el justicialismo modificaciones al Presupuesto 2002, para garantizar que los bonos que reciban las provincias por las deudas pendiente con la Nación tengan "mayor liquidez", y que se fije un monto de 300 millones para el Fondo de Incentivo Docente. Además los radicales, que acordaron su postura con los gobernadores de esa fuerza política, quieren también la pesificación 1 a 1 de las deudas que tienen las provincias y que están contempladas en el megacanje y una prórroga del goteo que aplica el Banco Nación.
El presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, aseguró que para el presupuesto "tenga viabilidad parlamentaria" es necesario contemplar "las demandas de las provincias que atraviesan una situación económica y social compleja".
Pero los peronistas ya tiene sus propios problemas. Ayer no lograron avanzar sobre los términos del Presupuesto girado por el Gobierno a raíz de los diferentes reclamos y posturas planteadas ante el secretario de Hacienda.