Mientras el Gobierno y las petroleras no logran ponerse de acuerdo en torno al precio de los combustibles, legisladores del justicialismo amenazaron con aprobar un proyecto de ley para aplicar por 180 días valores máximos a las naftas.
A su vez, el Gobierno confirmó que se mantendrán las retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de hidrocarburos, lo que motivó airadas protestas de los empresarios vinculados a la industria petrolera.
En tanto, la petrolera Esso dispuso incrementar el precio de las naftas que comercializa, en un rango que va del 3,4 al 6,3 por ciento, aunque el gasoil sigue con los mismos valores. De este modo, la empresa se suma a la actitud que tomó en las últimas horas una de sus competidoras en el mercado local, la angloholandesa, Shell, que incrementó los precios hasta un 5 por ciento.
En contraofensiva, los legisladores del PJ elaboraron un proyecto de ley para establecer precios máximos en el mercado de combustibles, por el término de 180 días. El proyecto plantea que se mantengan durante ese período los precios de los combustibles derivados del petróleo y gas natural "vigentes para el consumidor final al primero de enero de 2002".
La iniciativa fue firmada por los diputados justicialistas Jorge Daud (Entre Ríos); Héctor Cavallero (Santa Fe); Alicia Narducci (Córdoba), Roberto Basualdo (San Juan) y José Falú (Tucumán).
En el proyecto se establece también un mecanismo de ajuste del precio de acuerdo con los valores internacionales tomando como índice el costo de importación.
Mientras tanto, el senador santacruceño por el radicalismo Carlos Prades propuso que se reduzca la alícuota del 20 por ciento que se prevé aplicar a las exportaciones del petróleo y que ese gravamen se extienda a todos los sectores. Prades, oriundo de la ciudad de Caleta Olivia, principal polo petrolero de Santa Cruz, elevó al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 25561 de Emergencia Pública.
"Se trata de la ampliación de la base impositiva a la totalidad de los sectores exportadores, repartiendo la carga impositiva entre varios, lo que provocará que el esfuerzo no recaiga únicamente en la actividad petrolera, sino en todas las actividades empresariales vinculadas a la exportación, aplicando estrictamente el principio de igualdad ante la ley, establecido claramente en la Constitución Nacional", explicó el legislador.
