Mientras diputados y senadores buscan elaborar proyectos alternativos para sortear las dificultades planteadas por las petroleras, el titular del bloque justicialista de la Cámara alta aseguró que el Gobierno sigue firme en las intenciones de mantener la retención a las exportaciones.
Asimismo el Senado intentaría tratar dos proyectos: uno que impide la indexación de las deudas hipotecarias y otro que amplía el espectro de utilización de los Lecop.
El titular del bloque de senadores del justicialismo, José Luis Gioja, confirmó que el gobierno "sigue firme con la retención a las exportaciones de hidrocarburos, porque debe haber un aporte del sector que tuvo una buena renta y no afectarse a los trabajadores".
Gioja encabezó una delegación de senadores justicialistas que se reunió en la residencia de Olivos con el presidente Eduardo Duhalde para tratar, entre otros temas, el Presupuesto 2002, la coparticipación federal, los contactos con los mandatarios del Mercosur y la marcha de las cuestiones vinculadas al sistema financiero.
Por su parte, el titular del bloque de diputados del Frepaso, Darío Alessandro, afirmó que el Gobierno nacional debe "plantarse" ante las presiones, tal como lo está haciendo con las empresas petroleras por el impuesto a las exportaciones. Alessandro comentó que durante la reunión que el martes mantuvo con el presidente Eduardo Duhalde, junto al ex presidente Raúl Alfonsín y otros representantes del radicalismo, el justicialismo y el Frepaso, "se pasó revista a la situación socio-económica y a las presiones muy fuertes que está recibiendo el gobierno".
En otro orden, el Senado intentaría avanzar hoy en el tratamiento de dos proyectos impulsados por el bloque justicialista, uno que impide la indexación de las deudas hipotecarias y los alquileres pesificados, y otro que amplía el espectro de utilización de los bonos Lecop.
El primero de los proyectos, presentado por el sanjuanino José Luis Gioja, dispone que los préstamos y alquileres de vivienda única sean actualizados según el índice de variación de los salarios y no por el de la inflación. El otro, impulsado por la salteña Sonia Escudero, y apoyado por los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Eduardo Moro (Chaco) propone el uso de "letras de cancelación de obligaciones provinciales" (lecop) para el pago de tributos de cualquier naturaleza y denominación, en todo el ámbito nacional.
Ambos proyectos serían propuestos para su tratamiento sobre tablas, es decir que requerirían de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto para su aprobación.
Volviendo al tema de las petroleras, legisladores de diferentes bancadas, en particular del oficialismo, buscan una alternativa que supere el conflicto creado con las petroleras y permita recaudar cerca de 1.000 millones de pesos.
Hoy, en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados que preside Arturo Lafalla (PJ-Mendoza) son esperados funcionarios del Poder Ejecutivo, para lo cual el legislador mantuvo ayer conversaciones con la Jefatura del Gabinete con la intensión de acordar una política común.
En principio el jueves de la semana pasada se había anunciado la presencia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pero ello se diluyó en las últimas horas ante las dificultades que se crearon a partir de los aumentos aplicados por las petroleras.
Frente a la situación, los senadores justicialistas, en particular los de provincias productoras, concurrieron esta tarde a la residencia presidencial de Olivos para entrevistarse con el presidente Eduardo Duhalde.
Los temas que se discuten se relacionan, además del impacto producido por la suba de los precios de los combustibles, con el proyecto elaborado por las empresas en acuerdo con los sindicalistas del sector, que fue entregado a numerosos legisladores sin que ninguno de ellos, hasta el presente, lo haya oficializado por Mesa de Entradas.
Los valores a los que se pretende llegar por una y otra alternativa no difieren sustancialmente, según los responsables del proyecto que en lugar de la retención apunta a establecer un impuesto por la producción en boca de pozo, excluyendo a la costa atlántica patagónica, estimándose que los mismos deben estar algo por encima de los 900 millones de pesos.
Pero ahora en la Cámara de Diputados ha surgido una nueva alternativa, siendo esta tercera versión la del propio Lafalla, aún no plasmada en el papel, por la cual se apunta a una cifra parecida, pero calculada sobre la base de que las empresas petroleras aporten al Estado la súper renta que obtuvieron mediante la pesificación que licuó sus pasivos.