La Cámara de Diputados fue convocada para las 16, con el fin de tratar el Proyecto de Presupuesto 2002, aunque las diferencias planteadas entre la Nación y las provincias introdujo en las últimas horas una cuota de incertidumbre respecto a la posibilidad de avanzar en el análisis de la iniciativa.
Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda otorgaron hace más de siete días dictamen a la propuesta, pero los acuerdos logrados entre las bancadas mayoritarias del PJ y la UCR quedaron supeditados a un entendimiento entre el gobierno central y los gobernadores. La idea de los diputados y senadores del oficialismo es acordar todas las modificaciones necesarias durante el tratamiento en la Cámara, de forma tal que la propuesta no sufra modificaciones durante su debate en el Senado.
Diputados considerará el dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dando así vía libre al tratamiento del proyecto de presupuesto 2002 elaborado por el Ejecutivo, que sufrió numerosos cambios y cuyas erogaciones totales están fijadas en 42.845 millones de pesos.
Sin embargo, para que se concrete la sesión y el justicialismo pueda cumplir con los requerimientos del Ejecutivo aún restan solucionar varios diferendos, según reconocieron voceros parlamentarios, incluyendo lo relacionado con la pesificación de las deudas provinciales y otros reclamos planteados tanto por oficialistas como por opositores.
Las erogaciones contempladas en el presupuesto surgen de sumar 4.083 millones de la administración gubernamental, 3.382 de servicios de defensa y seguridad, 30.303 de servicios sociales, 2.056 de servicios económicos y 5.594 de pago de deuda pública, lo que suma 45.818 millones, de los que corresponde descontar 2.973 millones en conceptos de economías a realizarse.
El presupuesto, a considerarse a partir de las 16 horas, de acuerdo con la convocatoria realizada, refleja, entre los numerosos cambios que fueron introducidos, la eliminación de una serie de delegación de facultades en favor del jefe del Gabinete de Ministros, las que habían sido incluIdas en el proyecto original enviado por el Ejecutivo.
Mediante el artículo sexto se da instrucciones al PEN para que reestructure la deuda pública y lo faculta a no pagar la misma hasta no llegarse a los acuerdos pertinentes, en tanto se permite la emisión de Letras de Tesorería (Letes) para mantener el stock de las mismas existente al 31 de diciembre de 2001 y de otros bonos por 1.476 millones de pesos.
Un cambio de trascendencia introducido en el dictamen surge de la incorporación del artículo noveno por el cual se obliga al PEN a remitir al Parlamento un proyecto de ley relacionado con las licuaciones de deudas, por el cual se autorizará el endeudamiento correspondiente a socorrer al sistema financiero, sin alterar lo establecido en los montos de las aplicaciones financieras. Este artículo fue introducido a instancias de varios diputados que cuestionaron la pesificación de los pasivos en divisas extranjeras por parte de las empresas, en particular por la renunciante Beatriz Nofal, quien, incluso, se opuso frontalmente a conceder ese beneficio a los deudores por más de un millón de dólares estadounidenses.
Mediante este presupuesto, que prevé una inflación para el año del 14 por ciento y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del cinco por ciento, se prohíbe que el estado siga emitiendo bocones y bocones previsionales en dólares, añadiéndose que los emitidos en esa moneda que no hayan sido canceladas serán transformados en pesos.