La Comisión de Juicio Político buscará esta semana avanzar en la redacción de los cargos que habría sobre uno o varios ministros de Corte Suprema, y enviar estas actuaciones a los jueces acusados de presunto mal desempeño de sus funciones para que puedan realizar en un término de cinco días hábiles su descargo en forma personal o escrita.
El traslado a los jueces de las actuaciones para que ejerzan su derecho a la defensa es el último paso que dará el grupo parlamentario, previo a la redacción de los dictámenes que comenzará a elaborar cuando reciba la respuesta de los magistrados del máximo tribunal.
De acuerdo a los plazos que hoy maneja la comisión, la idea es comenzar a emitir despacho en los últimos diez días de marzo, con lo cual la discusión en el recinto de sesiones recién estaría habilitada para principios de abril, según voceros parlamentarios.
La Comisión de Juicio Político centralizará su tarea esta semana en terminar el proceso de instrucción -donde recolectó las pruebas que servirán para sustentar una acusación- y la redacción de los cargos que existen en cada causa contra un juez de la Corte.
Si bien la etapa sumarial concluyó en la mayoría de las causas seleccionadas para abrir la investigación, aún se están aguardando documentación y se deben escuchar el martes los testimonios de las únicas siete personas citadas para detallar la tarea de la Corte para avanzar en el esclarecimiento del criminal atentado a la Embajada de Israel.
La comisión quiere saber si la Corte Suprema demoró la investigación en forma deliberada o fue producto de la complicación misma de esa causa donde se buscaba esclarecer el primer atentado a gran escala y de repercusión internacional ocurrido el 17 de marzo con un saldo de una veintena de muertos y 200 heridos
La reunión se abrirá con el testimonio de Alfredo Bisordi, ex funcionario de la Corte y juez de la sala primera de la Cámara Federal de Casación Penal. Media hora después deberá exponer declarar el juez Jorge Moral, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Al mediodía está prevista la presencia del ex procurador general de la Nación y actual subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Oscar Fappiano, a las 12.30 la del Procurador Fiscal de la Corte Eduardo Casal, y a las 13 fue citado a declarar el secretario de la Corte, Esteban Canevari.
Los últimos dos testimonios corresponden a los ex Procuradores General de la Nación Aldo Montesano Rebon y Aldo Agüero Iturbe.
Tras recibir estos testimonios se comenzará la redacción de los cargos que existirían contra cada juez de la Corte. La idea es avanzar en las causas cuya instrucción este terminada y mandar una primer tanda de escritos para que puedan hacer el descargo sobre su actuación en estos casos.
En este lote se encuentran las causas del corralito, la declaración de inconstitucionalidad de un artículo que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo y el llamado rebalanceo telefónico.
También se mira la no aplicación de la ley de Etica en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas y la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris mientras estaba preso, algo que prohibía la justicia local.
El presidente de la comisión, Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), anticipó que la intención es terminar esta semana "con la redacción de los cargos", y luego "damos el traslado para que en cinco días" los magistrados puedan realizar su descargo, que puede efectuarse en forma oral u escrita.
La intención de los diputados es tener entre el martes y el jueves redactadas los cargos en cada uno de las causas en las que se abrió una investigación a uno o varios jueces de la Corte, esperar una semana para recibir el descargo, y tener listo el dictamen en los últimos días de marzo.
Sin embargo, esto no implica que inmediatamente se pueda debatir en el recinto de sesiones, ya que primero se debe saldar la discusión en el bloque justicialista. Hace 20 días, cuando se comenzó a tratar, en el seno del PJ se abrió una fuerte polémica y se acordó derivar esta cuestión para otro día.
El juicio político solo podrá tener luz verde si existe un amplio consenso parlamentario debido a que la aprobación del dictamen en la sesión se debe hacer con el voto positivo de los dos tercios de los diputados que participen de esa deliberación en el plenario legislativo.
En caso de ser aprobado esa acusación contra uno, dos o más jueces de la Corte, el Senado convertido en tribunal debe realizar el juicio y emitir un fallo. En forma previa debe resolver si suspende a los magistrados mientras se sustancia el juicio.