El presupuesto así votado ahora deberá ser promulgado por el PEN, con o sin vetos, con lo cual pasará a ser efectivamente ejecutado. Si bien en el tratamiento en general, que se extendió desde las 11.15 hasta las 21.35, hubo una aprobación ampliamente mayoritaria, no fue ese caso en la revisión de los artículos, donde varios legisladores justicialistas y radicales votaron negativamente.

En la consideración en general votaron contra la aprobación de este presupuesto los senadores Rodolfo Terragno (UCR-Capital Federal), Mario Colazo (UCR-Tierra del Fuego), Vilma Ibarra (FG-Capital Federal), Pablo Walter (FR-Tucumán), Lázaro Chiappe (PL-Corrientes), Ricardo Gómez Diez (PR-Salta), Luz Sapag (MPN-Neuquén) y Pedro Salvatori (MPN-Neuquén). Posteriormente, en la consideración en particular, el mayor debate se dio alrededor del artículo noveno, relacionado con la licuación de pasivos de grandes empresas a través del mecanismo de la pesificación.

La defensa de la licuación de pasivos corrió por cuenta del senador Miguel Pichetto (PJ-Río Negro), quién afirmó que quienes se oponen a la pesificación tienen un "discurso hipócrita" ya que mientras se habla en favor de la nueva alianza con la producción y de la nueva política, algunos legisladores atacan uno de los instrumentos básicos de la misma, que es ese mecanismo en favor de las empresas.

Raúl Alfonsín (UCR-Buenos Aires) contradijo a Pichetto en el sentido de que la pesificación no puede alcanzar indiscriminadamente a todas las empresas y planteó la necesidad de evitar que la licuación alcance a todos mediante la eliminación de algunos alcances del decreto 214.

Este presupuesto se basa en un cálculo de erogaciones por 42.844 millones de pesos contra recursos por 39.895 millones, con un déficit estimado de 2.949 millones, en tanto que en materia macroeconómica se prevé una inflación del 14 por ciento para el año, medida de punta a punta; una emisión de 3.500 millones; y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,9 por ciento.

Los diputados, que dieron su media sanción entre el jueves y el viernes pasados en una maratónica sesión, realizaron numerosos cambios a la iniciativa del Ejecutivo, incluyéndole una quincena de artículos y modificando sustancialmente otros varios, como el 39 sobre promoción a las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

Un intento de Raúl Baglini (UCR-Mendoza) de volver al texto original de ese artículo dio lugar a un prolongado debate, durante el cual numerosos legisladores le salieron al cruce, incluso, en algunos caso, de manera ríspida, como en el caso de Eduardo Menem (PJ-La Rioja), sin faltar otros de su propia bancada como María Colombo (UCR-Catamarca) y Mario Colazo (UCR-Tierra del Fuego). Al respecto, ante un planteo de Eduardo Moro (UCR-Chaco), algunos senadores incluyeron la cuestión de la extensión de la promoción para el conjunto del territorio nacional, recibiendo importantes elogios el proyecto de ley de la ex diputada nacional Beatriz Nofal (UCR-Capital Federal), la que renunció recientemente a su banca por el no tratamiento del mismo.

Otro tema que motivó el cuestionamiento de un alto porcentaje de oradores fue el relacionado con la licuación de pasivos de las grandes empresas mediante el mecanismo de pesificación, lo cual, según los expositores, generó un costo fiscal del orden de los 18.000 millones de pesos, frente a lo cual algunos reclamaron eliminar el artículo noveno del presupuesto que lo convalida.

Uno de los tópicos del debate fueron las permanentes críticas a la imposibilidad de introducirle modificaciones al proyecto que imponen las urgencias del Poder Ejecutivo, lo que se tradujo en el anuncio de parte del propio justicialismo de que impulsará una ley correctiva a varios artículos del presupuesto.

El extenso debate se inició con la exposición del miembro informante de la bancada oficialista, Carlos Verna (PJ-La Pampa), presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, quien realizó un pormenorizado detalle de los números macroeconómicos del proyecto. Así, dijo que el presupuesto de gastos para el corriente año es de 42 mil millones de pesos y que el cálculo de recursos será de 39 mil millones, lo que arroja un déficit fiscal de tres mil millones de pesos. Y debió reconocer que "este es el primer presupuesto que no tiene cifras optimistas, sino pesimistas", en referencia a la estimación de la caída del PBI en 4,9 por ciento y el 15 por ciento de inflación para todo el año.

Pero también explicó que el presupuesto "se sustenta fundamentalmente en el gasto social" y dijo que en el contexto social actual era el proyecto "posible y sustentable", precisamente uno de los reclamos del fondo para reiniciar la ayuda económica al país.

Se opusieron a la pesificación Sonia Escudero (PJ-Salta), Marcelo López Arias (PJ-Salta), Rodolfo Terragno (UCR-Capital Federal), Baglini, Horacio Usandizaga (UCR-Santa Fe), Ricardo Gómez Diez (PR-Salta), Nancy Avelín (CR-San Juan), Lázaro Chiappe (PL-Corrientes), Menem, Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Myriam Curletti (UCR-Chaco), Pablo Walter (FR-Tucumán), Mario Losada (UCR-Misiones), Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) y María Colombo (UCR-Catamarca), entre otros.

La decisión del justicialismo de no aceptar cambios había sido acordada en un comienzo, según versiones, con Carlos Maestro (UCR-Chubut), presidente de su bancada; Raúl Alfonsín (UCR-Buenos Aires); y otros miembros de ese bloque, pero otros integrantes del mismo plantearon la necesidad de intentar modificar artículos en el tratamiento en particular, criterio que se impuso finalmente como prolegómeno a la posibilidad de impulsar luego una ley correctiva.

Sin embargo, el senador Moro denunció que ayer por la mañana la oposición recibió la notificación de parte de la bancada justicialista de que no se iba a aceptar modificación alguna. Respecto de la posible ley correctiva, Mabel M?ller (PJ-Buenos Aires) dijo que considera como poco probable la sanción de dicha ley correctiva, considerando que el principal impulsor de la misma (Yoma), a quién no mencionó, carece de apoyos importantes en el bloque del que ambos forman parte.

Esas diferencias hicieron que los senadores radicales se retiraran mientras exponía Gómez Diez y regresaran después de un largo tiempo tras haber cambiado su estrategia.

Esta ley fue planteada a poco de comenzar la sesión por Jorge Yoma (PJ-La Rioja), quién realizó un cuestionamiento global a la política del voto a "libro cerrado", sin permitir que se introduzcan cambios, cuestión en la que coincidieron Losada, Colombo, Colazo, Menem, Gómez Diez, Avelín, Escudero, Terragno y varios otros a lo largo del prolongado debate.

Este proyecto fue cuestionado por numerosos legisladores, muchos de los cuales remarcaron que su voto favorable sólo se relacionaba con solidaridades de bloque, como en el caso de Menem que lo calificó como "el presupuesto de la decadencia"; o con cuestiones como la "ética de la responsabilidad", frente a la "ética de las convicciones", siguiendo a Max Weber, según Escudero, Avelín y Prades.