La diputada nacional de Izquierda Unida Patricia Walsh presentó un proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el objeto de reabrir las causas sobre violaciones a los derechos humanos y permitir así la condena de los responsables de la represión de Estado ejecutada durante la dictadura militar.
El proyecto fue presentado en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, que contó con la presencia de una veintena de diputados de izquierda y centroizquierda, 14 de los cuales acompañaron a Walsh con sus firmas en el proyecto. Entre otros, participaron del acto los socialistas Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Oscar González, los legisladores de Alternativa para una República de Iguales (ARI) Ariel Basteiro, Graciela Ocaña, Eduardo Macalusse, Marcela Bordenave y Alberto Piccinini; y el metalúrgico del Polo Social, Francisco "Barba" Gutiérrez.
También firman los frentegrandistas Irma Parentella y Carlos Raimundi; la intransigente Lucrecia Monteagudo; los dos diputados del Frente para el Cambio Alicia Castro y Alfredo Villalba; la frepasistas Araceli Méndez de Ferreira y el de Autodeterminación y Libertad, Alberto Roselli.
El artículo primero del proyecto deroga y declara insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, así como ocho decretos conexos que impidieron que los militares que participaron de la represión de Estado fueran condenados por la justicia. El artículo segundo establece que esas normas carecen de todo efecto jurídico y el tercero declara nulos todos los fallos judiciales fundados en ambas normas.
La iniciativa declara imprescriptibles las acciones penales surgidas a raíz de los delitos violatorios de los derechos humanos, los declara "crímenes contra la humanidad" y establece que sus autores no podrán ser beneficiados por indulto, prescripción, conmutación o amnistía.
