La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió trasladar a los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia los cargos por los cuales son acusados de haber incurrido en mal desempeño de sus funciones, y que podrían ser la causa de la remoción de los altos magistrados.
El proceso formal de comunicación de las causas por las que se acusa a los jueces de la Corte podría completarse hoy, cuando comenzarán a computarse los 10 días hábiles que tienen los integrantes del máximo tribunal para preparar su descargo ante las imputaciones.
Precisamente, el próximo paso de trascendencia en el proceso que deberá dar la comisión que preside el peronista santacruceño Sergio Acevedo es fijar las fechas en las que, una vez cumplido el plazo que se le dio a los jueces, convocará a los miembros del alto tribunal a realizar su defensa.
El presidente de la Comisión, el justicialista santacruceño Sergio Acevedo, informó que por amplia mayoría se decidió "dar traslado" de las actuaciones a los jueces de la Corte y señaló que en diez días hábiles comenzará la citación para que los ministros puedan realizar su descargo, a partir del 25 de marzo.
Los ministros serán citados utilizando un criterio de orden alfabético, sin embargo, los magistrados no tienen obligación de comparecer ante los diputados y pueden hacerlo en forma escrita, según establece el reglamento.
La Comisión de Juicio Político enviará los escritos en los que se objeta la conducta de la Corte Suprema en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzga por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia.
En la mayoría de los informes, los cargos son "por mal desempeño", aunque también por "prevaricato", y están dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la "denominada" mayoría automática, Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.
Sólo abarcan los cargos contra los nueve jueces la referida al caso Fayt (por la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución), la investigación por el atentando a la Embajada de Israel, la habilitación de Romero Feris como candidato y la superintendencia (manejo administrativo de la Corte).
El traslado de las actuaciones es el último paso de la etapa sumarial, previo a recibir el descargo de la defensa.
