En realidad, la iniciativa establece la incompatibilidad entre el cargo de funcionario público y la tenencia directa o de cualquier otro tipo de cuentas corrientes, depósitos a plazos fijos y cajas de ahorro en el extranjero.

La prohibición también alcanza a la tenencia de títulos, bonos o cualquier otro valor emitido por estados o entidades bancarias o financieras extranjeras. El proyecto modifica el artículo 13 de la ley de ética pública y establece un plazo de 90 días para la repatriación de los activos.

La ley de ética pública alcanza a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y a legisladores, entre otros.

Precisamente, todos las personas comprendidas por la norma tendrán prohibido tener activos en el exterior y se verán obligados a repatriar aquellos que tengan en ciudades o entidades del exterior. Además, en un plazo de 30 días posteriores a la sanción de la ley, los funcionarios se verán obligados a presentar una declaración jurada en la que deberá constar que ya no poseen bienes en el extranjero.