La Cámara de Senadores ratificó el acta acuerdo de reforma política que firmaron la Nación y las provincias y que establece un compromiso de reducción en materia de costos políticos y electorales.
Si bien el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría los cuestionamientos a su contenido estuvieron a la orden del día, lo que desnudaron la fuerte resistencia que en el Parlamento generó el acuerdo sellado por el presidente Eduardo Duhalde con 22 gobernadores provinciales y la ciudad de Buenos Aires.
No obstante coincidir en la necesidad de responder al pedido de la sociedad de reducir gastos políticos, el radical Carlos Maestro aseguró que aprobar el acuerdo "es el imperativo de la hora", las críticas atacaron puntos particulares del contenido del acta firmada el pasado 6 de febrero.
El acuerdo habilita el tratamiento legislativo de la eliminación de las listas sábana, la implementación de internas abiertas para los partidos políticos, la reducción de las legislaturas provinciales, de los concejos deliberantes y de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación. El debate comenzó alrededor de las 20 y la votación final se realizó casi dos horas después, luego de concluir la lista de oradores integrada por una veintena de legisladores. Además, el tratamiento se retrasó debido a que el análisis se interrumpió para votar la ley de indexación por variación salarial para los créditos hipotecarios y para los alquileres de vivienda única.
Entre los puntos principales, se fijó la eliminación de las listas sábana, la reducción de un 25 por ciento en la Cámara de Diputados nacional, provinciales y comunales, de costos que implicará aproximadamente mil millones de pesos. Esta disminución se extiende a las estructuras de los gobiernos nacional y provinciales, excepto los que ya lo hayan realizado. También alcanza a los directores y funcionarios de organismos descentralizados y sus remuneraciones.
Por otra parte, se acordó eliminar los gastos reservados, salvo en el caso de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas; hacer gratuita la tarea de los concejales en las ciudades de menos de 10 mil habitantes y que no sea mayor al 2 por ciento del presupuesto ejecutado el dinero destinado a las legislaturas provinciales.
Otro punto del acuerdo elimina la facultad de otorgar subsidios y pensiones graciables al Poder Legislativo Nacional y a los provinciales.
Se limita la duración de las campañas electorales a 30 días y se prohíbe otro gasto de publicidad de campaña en televisión y radio que no sea el acordado por el Estado y los medios de comunicación.
Se crea en cada una de las jurisdicciones el "Consejo de Seguimiento de las Acciones de la Reforma Política" y se propone la implementación de reformas constitucionales provinciales para renovar cargos legislativos cada cuatro años.
El bonaerense Antonio Cafiero dijo que la reforma política "se toma como una de las soluciones mágicas" y la comparó con el efecto que generaban a principio de la década pasada "las privatizaciones de empresas públicas".
"Esta reforma política parece haber sido elaborada por el Fondo Monetario Internacional o por aquellos que simpatizan con las teorías de ajustes cuantitativos y que no analizan cuestiones básicas como la conveniencia de continuar o no con el sistema presidencialista", dijo.
El radical Raúl Alfonsín también se mostró a favor de la ratificación del acuerdo, aunque advirtió que realizará observaciones al momento de considerar la entrega de subsidios y de pensiones graciables por parte del Congreso, por tratarse esta materia de una facultad constitucional.
De los cuarenta senadores que participaban del debate anticiparon su voto negativo los peronistas Jorge Yoma y la puntana Liliana Negre. El primero lo hizo por diferencias con su gobernador (Angel Maza) y la segunda en consonancia con el rechazo que el gobierno de su provincia realizó oportunamente a la firma del acta.
Negre no se privó de apelar al descontento general que genera el acuerdo al afirmar que mediante la ratificación "nos estamos comprometiendo a votar leyes que en algunos casos podemos no compartir".
El liberal correntino Lázaro Chiappe cuestionó la ratificación parlamentaria por considerarla "absolutamente ocioso, inútil e intrascendente votar esta ley, ya que el compromiso tiene vigencia más allá de que nosotros lo ratifiquemos o no".
