La Cámara de Diputados insistió en la ley aprobada por el Congreso el año pasado que establecía la posibilidad de que las municipalidades cobren una tasa por uso del espacio aéreo a empresas de televisión por cable y de telefonía.
La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, razón por la cual la Cámara baja insistió esta noche en la sanción de la ley, que es reclamada por la Federación de Municipalidades.
La ley fue sancionada por el Congreso Nacional en la primavera pasada pero el presidente De la Rúa la vetó rápidamente, ante la reacción de las empresas telefónicas y el análisis de los hombres de gobierno sobre las consecuencias de incrementar la presión impositiva sobre le sector.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad que agrupa a todas las comunas del país, fue la que impulsó la implementación de este impuesto y, según sus cálculos, los distritos deberían recibir alrededor de 500 millones de pesos anuales tan sólo por la facturación de Telecom y Telefónica.
La norma grava a las empresas con un 2 por ciento de los ingresos en cada ciudad en el caso de los cables aéreos y con un uno por ciento a los soterrados.
Desde el gobierno de De la Rúa se sostuvo que el veto respondía a la necesidad de no afectar más las inversiones de las compañías de telecomunicaciones, puesto que la competencia no había llegado a los municipios más chicos del país.
Si la Cámara alta actúa en igual que sentido que Diputados, con mayoría simple, el impuesto se impondrá por ley sin que el Poder Ejecutivo pueda vetarlo nuevamente.
"Si la situación era difícil el año pasado ahora es 10 veces más complicada", señaló el presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones (CICOMRA), Luis Peraso, entidad que nuclea a Telecom, Telefónica y todas las empresas que desde noviembre deL 2000 compiten en el mercado de telefonía.
Peraso subrayó que "si se hubiera tratado de una revisión integral de las tasas e impuestos que paga el sector en cada municipio y en cada provincia, tal hubiera sido mejor", porque las empresas sostienen que hay falta de coherencia entre las exigencias de una y otra comuna. Además advirtió que "los municipios más pequeños que son los que más necesidades tienen, van a ser los menos beneficiados, no sólo porque el nivel de facturación en esa zona es bajo, sino porque al aumentar la carga impositiva alejan la posibilidad de que las empresas compitan en esas localidades y por ende se generen mejoras de precios".
Asimismo señaló que el rechazo al veto formulado por el ex presidente Fernando de la Rúa, llega horas antes del comienzo de la renegociación por las tarifas telefónicas.
"Cuando están intentando la mínima incidencia posible, se habla de un impuesto que esta por encima" de la actualización de los valores de acuerdo a la devaluación, aseguró Peraso.
En tanto el autor del proyecto original, el santafesino Héctor Cavallero, diputado nacional por el Partido del Progreso Social (PPS), enfatizó que las operadoras telefónicas "querían una nueva ley, una revisión de todas las tasas e impuestos porque ya estaban haciendo lobby para que después el Ejecutivo la vete".
"Nosotros insistimos en el rechazo al veto de De la Rúa, porque si esto pasa por el Senado, como creemos que va a ocurrir, tiene aplicación inmediata, el Ejecutivo no puede insistir con el veto", señaló le legislador santafesino.
Además Caballero remarcó que las empresas insisten en decir que no hay contraprestación de parte de la comuna y "esto no es un impuesto, es una tasa por un servicio que le presta cada municipio por el uso del espacio aéreo o subterráneo".