Petracchi descartó cargos en su contra

El juez de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, rechazó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados los cargos en su contra de haber incurrido en una conducta de mal desempeño de sus funciones.

Mediante un escrito recibido en la Comisión de Juicio Político -que conduce el santacruceño Sergio Acevedo- el magistrado planteó el principio "según el cual un juez no puede ser juzgado políticamente por el contenido de sus sentencias". En su descargo, Petracchi se refirió a la instrucción de la causa por la embajada de Israel y dijo que son "críticas inmerecidas" que han recibido los jueces de la Corte Suprema y explicó su postura sobre la posibilidad de tener un juez instructor inferior.

Consideró que algunos de los cargos "tienen una valoración de naturaleza general" y se sumó al criterio expresado por otros jueces que no recusaron en la causa armas a Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, porque "la facultad de recusación" corresponde a la parte defensiva o demandante.

"No tengo vínculos personales ideológicos o de cualquier otra especie, susceptibles de inclinar mi parecer en su favor o en su perjuicio ni con Romero Feris ni con Carlos Menem", dijo Petracchi en su descargo. Con esta afirmación, el juez de la Corte se refirió al fallo de la causa por la venta de armas, que permitió la liberación de Menem y del empresario Emir Yoma, ambos procesados por la venta ilegal de material bélico al exterior.

El juez Petracchi repartió sus explicaciones en 73 hojas, pero aclaró que no lo hizo "con ánimo de defenderse de una acusación aún no formulada, sino con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional dando cuenta de su labor", explicaron los defensores Jorge Bacqué y Luis Lozano.

Petracchi aludió a la posibilidad que la Corte le dio a Raúl "Tato" Romero Feris de presentarse como candidato a gobernador de Corrientes estando procesado y detenido por una defraudación cometida contra su provincia. Sobre el fallo que favoreció a Romero Feris, Petracchi aseguró que la Corte se apegó al Pacto de San José de Costa Rica, "que favorece la convivencia democrática porque en definitiva el pueblo decidirá si quiere o no elegirlo".

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