La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y en todos los discursos pronunciados por los diputados se hizo hincapié en la necesidad de una equidad de los funcionarios judiciales y el resto de los ciudadanos y de "eliminar manifiestas desigualdades".
Además, el plenario legislativo sancionó una modificación al impuesto de bienes personales (Ley 23.699) que extiende a los accionistas de empresas extranjeras con domicilio en el exterior la obligación de pagar el gravamen a la riqueza. A partir de esta iniciativa se espera recaudar más de 200 millones de pesos. El proyecto, impulsado por los diputados radicales Aldo Ostropolsky (UCR-Mendoza) y Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), incluye a “la totalidad de los bienes personales que se encuentren radicados en el país, o que sean de propiedad de entes privados domiciliados en el país”.
Según explicó Giubergia, el proyecto “tiene la finalidad de eliminar la discriminación respecto de accionistas radicados en el país, proteger a las minorías accionarias, apoyando así al desarrollo del mercado de capitales, y terminar con el incentivo de las normas vigentes a la utilización de la figura societaria para reducir el monto de los patrimonios personales para no tributar, o tributar el mínimo, del impuesto a los bienes personales“.
En tanto, Ostropolsky señaló que “la recaudación de este tributo alcanzaría a 400 millones de dólares“.
Asimismo, la Cámara aprobó un proyecto de resolución para que el gobierno se abstenga de votar cualquier proyecto destinado a condenar a la República de Cuba por la política que instrumenta en ese país sobre los derechos humanos. El proyecto fue apoyado por los diputados justicialistas, radicales, frepasistas, aristas, Frente Grande, Frente para el Cambio, Izquierda Unida, pero tuvo el rechazo de los provinciales.
Durante su intervención en el Recinto, el diputado Edgardo Grosso (UCR-Córdoba) dijo que la Argentina no debe condenar a Cuba por "la promesa de Estados Unidos de dar ayuda financiera al gobierno" de Eduardo Duhalde, y le solicitó al presidente que “no tome una decisión que sea el resultado de la presión, sino que mantenga la postura de autodeterminación de la Argentina".
A continuación, el plenario del Cuerpo convirtió en ley el proyecto de Pacto Fiscal firmado entre la Nación y las provincias, que elimina el piso de coparticipación y establece el compromiso de los mandatarios de reducir en un 60 por ciento los déficit fiscales de los distritos. El Pacto Fiscal fue votado por 149 legisladores que fueron aportados por la mayoría del PJ- con excepción de Santa Cruz y San Luis-, del radicalismo, el Frepaso y el Interbloque Provincial, y fue rechazado por el ARI, el Frente Grande, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad.
El acuerdo se basa en cuatro puntos y establece que las provincias se quedarán con el 30 por ciento de lo que ingrese en las arcas nacionales por el impuesto a las Transferencias Financieras, con lo cual irá a las jurisdicciones el 14 por ciento de esos recursos. Para el resto de los impuestos se vuelve a los niveles de coparticipación históricos del 56 por ciento para los Estados provinciales y 44 por ciento para la Nación.
El entendimiento incluye la autorización para que las provincias continúen con una emisión "limitada" de bonos para hacer frente a los gastos públicos, de acuerdo con la evolución de su déficit fiscal. Además, el convenio contempla la pesificación a 1,40 de los pasivos en moneda extranjera, se unifica la cancelación de esas deudas en 16 años, y se fija un período de gracia de tres años para amortizar el capital, con una tasa de interés del 4 por ciento más el CER.
Como contrapartida, las provincias se comprometen a destinar hasta el 15 por ciento como máximo de la coparticipación para el pago de dichas deudas reconvertidas. Además, las provincias se comprometen a reducir el déficit del 2002 en un 60 por ciento con relación al 2001, hasta llegar a un equilibrio de sus cuentas en el 2003. El objetivo es pasar de 5000 millones de pesos a 2000 millones de pesos.
El diputado Raúl Solmoirago (UCR-Misiones)planteó que el acuerdo "es el único posible" y "no sirven" para los hombres del Interior "los discursos del dogma" y se pronunció por invertir la actual política y que las "provincias recauden y coparticipen el dinero".
Finalmente, la Cámara de Diputados expulsó a la diputada justicialista Norma Godoy por "desórdenes de conducta en el ejercicio de sus funciones", en base a lo expresado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. La exclusión de la legisladora peronista cosechó el voto favorable mayoritario de 167 representantes, mientras que sólo un diputado sufragó en contra y otros cinco optaron por la abstención.