La Cámara de Diputados de Entre Ríos analizaba al cierre de esta edición el dictamen que aconsejó la sustanciación de un juicio político al gobernador Sergio Montiel basándose en la presentación formulada por el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo) por mal desempeño de las funciones.
Las deliberaciones se iniciaron a las 18.27 con la presencia de 23 legisladores, 13 del justicialismo, 4 de Intransigencia para el Cambio, escisión de la Alianza, y 4 de la Alianza. Debido al carácter de sesión especial la Cámara debía contar con la presencia de las tres cuartas parte del cuerpo para sesionar, es decir 21 de los 28 legisladores que la integran, por lo que los 23 diputados presentes permitieron alcanzar el quórum necesario para iniciar el debate.
Desde la apertura de la sesión y por espacio de dos horas, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Guillermo Guastavino, leyó el dictamen de la mayoría de ese cuerpo, que aconseja la sustanciación del juicio político al gobernador entrerriano.
En ese contexto, la Legislatura entrerriana permanecía con una fuerte custodia a cargo de efectivos de la Gendarmería, mientras que se registraban manifestaciones docentes y trabajadores estatales que reclaman la destitución de Montiel.
La sesión corrió el peligro de fracasar ante los intentos, en principio fallidos, del sector opositor a Montiel de reunir el quorum necesario, lo que finalmente se logró con la aceptación de cuatro legisladores oficialistas de sentarse en sus bancas. Desde un primer momento, estaba asegurada la presencia de 19 diputados: 13 del Partido Justicialista, 4 del Frente Intransigencia para el Cambio y dos radicales disidentes, el presidente de la Cámara Julio Rodríguez Signes y Hernán Burna.A ellos se sumaron cuatro legisladores radicales más: Marcelo Maidana, Ricardo Troncoso, Rubén Mayn, Albano Guifrey, quienes de todas maneras se oponían a la destitución de Montiel.
La reunión clave en Diputados llegó precedida por una fuerte polémica entre el justicialismo y el radicalismo -incluso a nivel nacional- por la legitimidad del cuestionamiento a la máxima autoridad de la provincia de Entre Ríos.
Montiel desestimó el proceso iniciado por legisladores justicialistas, aliancistas disidentes e incluso radicales, al sostener que "no hubo una sola demostración de que hubiera habido algún tipo de delito" en su gestión iniciada en el 1999, en paralelo con la de Fernando de la Rúa.
La Comisión de Juicio Político acusó a Montiel por 8 causales, entre 42 evaluadas por los legisladores, que remiten a delitos en la represión policial del 20 de diciembre último, fraudes administrativos e ilícitos comunes.
En este marco, el senador justicialista Jorge Busti advirtió que el PJ "no pretende hacer un gobierno de coalición" con la UCR en Entre Ríos, y sostuvo que "el radicalismo y la Alianza tienen que continuar su mandato hasta el 2003", acusando luego a Montiel de querer "politizar" el proceso que analiza la Cámara de Diputados provincial.
