El gobierno busca lograr un acuerdo con los legisladores que permita la derogación de la ley de quiebras y de subversión económica, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió ayer durante media hora con diputados en el Palacio de Hacienda para convencerlos sobre la necesidad de derogar estas leyes. "Sólo vine a hablar sobre las leyes de quiebras y subversión económica", fue la escueta respuesta que brindó Capitanich a los periodistas que lo aguardaban a la salida de la reunión que mantuvo en el quinto piso del Palacio de Hacienda.
Luego, el jefe de Gabinete ingresó en el despacho del ministro Jorga Remes Lenicov para seguir tratando el tema.
En este sentido, el Poder Ejecutivo definía en las últimas horas los trazos finales del proyecto de ley de quiebras, en el cual se propondrá contabilizar corridos los 180 días para la suspensión de ejecuciones y restituir el sistema por el cual un acreedor o un tercero puede quedarse con la empresa, método conocido como "cram down", pero con la activa participación de los jueces.
En el último borrador entregado a un grupo de legisladores que mantuvieron intensas negociaciones para acordar el texto de la ley de quiebras, el Gobierno estaba planteando también reducir de 180 a 60 el plazo de exclusividad del deudor para formular su oferta de pago de su pasivo.
El proyecto ingresará en las próximas horas y se estima que tendrá un amplio debate en el justicialismo y el radicalismo, previo a la emisión de un eventual dictamen de las comisiones de Legislación General -a cargo del peronista Eduardo Di Cola- y de Presupuesto, que preside Jorge Matzkin. La redacción de esta iniciativa fue producto de varias reuniones realizadas una por la mañana, en Casa de Gobierno con la presencia de Jorge Capitanich, diputados y senadores, y otra a la tarde en las oficinas del Ministerio de Economía, donde asistió el secretario Legal y Administrativo de esa cartera Eduardo Ratti.
Participaron de esas conversaciones los legisladores del PJ Eduardo Di Cola, Ricardo Falú, Oraldo Britos, Jorge Matzkin, José Luis Gioja, Miguel Pichetto, Liliana Negri, Marcelo López Arias, y los aliancistas Carlos Maestro y Darío Alessandro.
En cuanto a la subversión económica, el proyecto que deroga la ley sobre ese tema y modifica algunos artículos del Código Penal será enviado la semana próxima por el Poder Ejecutivo al Senado, según confió una alta fuente parlamentaria.
La norma sancionada durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón permitió ahora a algunos jueces incriminar a banqueros incursos en maniobras dolosas, pero el Fondo sostiene que la norma "es persecutoria".
Los legisladores aceptan en general que el texto de la norma "es tan amplio que sirve tanto para un barrido como para un fregado", pero algunos destacan la contradicción que implica que el FMI reclame la derogación de esa norma al tiempo que exige "transparencia" en el manejo de los fondos públicos.
El diputado justicialista tucumano José Falú fue comisionado inicialmente por su bloque para redactar un proyecto de ley que satisfaga la demanda del FMI, pero el legislador advirtió que se negaba a "legislar bajo presiones foráneas".
Una misión de legisladores argentinos que se encuentra en Washington encabezada por el titular del Senado, Juan Carlos Maqueda, explicó a los funcionarios del Tesoro, a funcionarios del gobierno y a legisladores norteamericanos la predisposición del Congreso argentino a acceder a los reclamos del Fondo.