La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece límites al financiamiento privado a los partidos políticos, iniciativa sancionada por el Senado en septiembre del año pasado y que formaba parte de la reforma política que, por entonces, impulsaba el gobierno de Fernando de la Rúa.
El proyecto fue aprobado tras un largo debate en el que se escucharon fuertes cuestionamiento a las disposiciones contempladas en su texto, lo que llevó a introducirles algunas modificaciones que obligarán a que la iniciativa vuelva al Senado en segunda revisión.
En la discusión en particular, el justicialismo y el radicalismo debieron garantizar la mayoría calificada, ya que tanto el ARI como otras agrupaciones de izquierda como algunos provinciales objetaron algunos artículos referido al aporte privado. En cambio, la iniciativa en general fue sancionado por 171 diputados, con lo cual cumplió con las disposiciones constitucionales que establece que las leyes electorales se deben votar con una mayoría calificada, que implica tener 129 sufragios positivos.
El proyecto sancionado por el Senado sufrirá modificaciones y en este sentido, el justicialismo y el radicalismo acordaron disminuir en la mitad los aportes privados que podrán recibir los partidos políticos, y eliminar la posibilidad de que puedan realizar contribuciones las organizaciones sindicales.
La Cámara de Diputados realizó una extensa sesión, en la cual también votó un proyecto del arista Eduardo Macaluse para declarar el 24 de marzo "día de la memoria, la verdad y la justicia" y otra iniciativa para obligar al uso de una etiqueta contiendo la leyenda "compre argentino" a todo producto nacional.
Lo que no pudo tratarse fue el proyecto de ley que propone imponer reclusión perpetua para el homicidio de un miembro de las fuerzas de seguridad. El presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, dispuso un cuarto intermedio luego de escuchar el informe del justicialista Franco Caviglia, quien defendió el dictamen de la Comisión de Legislación Penal.
El proyecto propone modificar el artículo 80 del Código Penal para incorporar el homicidio agravado en caso de muerte de un miembro de una fuerza de seguridad, es decir que se aplicará la pena de prisión perpetua.
Pero volviendo al tema del financiamiento de los partidos, en ese punto, los justicialistas y radicales acordaron disminuir a la mitad el aporte privado y fijaron que el límite para las donaciones privadas que, en el caso de las personas físicas, no puede superar el 2,5 por ciento del total de gastos de campañas autorizados y, en el de las personas jurídicas, el 5 por ciento.
También consensuar eliminar otro punto conflicto incorporado por el Senado en el cual se permitía a las asociaciones patronales, sindicales o profesionales pueden realizar aportes para las campañas proselistas y prohibir la publicidad paga en los medios televisivos.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, aseguró que "el gran drama de la argentina es que el poder político abdica al poder económico" y dijo con esta ley se busca terminar con aquellas prácticas que "establecían códigos de lealtades perversos con aquel que puso el dinero". Por su parte, el radical Luis Molinari Romero afirmó que "teníamos desde que se inició la reinstauración democrático una deuda importante con la sociedad" y dijo que este proyecto pone "claridad sobre los mecanismos de la política y los recursos económicos".
En tanto, la arista Marcela Rodríguez señaló que "las limitaciones a los aportes privados deben ser tajantes. consideramos que pueden existir aportes privados por personas físicas, de ninguna manera pueden las empresas".
El proyecto de financiamiento político de los partidos políticos establece que el aporte estatal ordinario distribuirá el 20 por ciento en forma igualitaria y el 80 por ciento en proporción a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacional.
En tanto que los aportes extraordinarios dispuestos en el Presupuesto para las campañas se dividirán en un 30 por ciento en forma igualitaria y en un 70 por ciento en proporción a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.
Los partidos políticos que compitan en la segunda vuelta de la elección presidencial recibirán una suma, igual para ambos, equivalente al 30 por ciento de lo que hubiera recibido para la primera vuelta. En cuanto los aportes privados, los diputados fijaron que pueden realizarse directamente a los partidos o al Fondo Partidario Permanente y que solo "gozan de beneficios impositivos las donaciones al Fondo Partidario Permanente".
Además, el proyecto establece que quedan prohibidas las donaciones anónimas y no podrá imponerse el cargo de no divulgación de la identidad del donante.
