El Gobierno giró al Congreso los proyectos de derogación de la ley de Subversión Económica y de modificación a la ley de Quiebras, cuya sanción es reclamada por el FMI para avanzar en las negociaciones para acordar un programa de asistencia financiera.
Para acelerar la discusión de las dos iniciativas claves para el oficialismo, el gobierno ingresó por la Cámara de Diputados la modificación a la ley de Quiebras -ámbito legislativo más controvertido para la aprobación de leyes para el Ejecutivo- y por el Senado la referida a la derogación de Subversión Económica.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Jorge Matzkin, dijo que la intención es realizar un plenario de las comisiones para debatir el proyecto y comenzar en forma paralela la discusión en cada bloque parlamentario para avanzar en la sanción de esta propuesta. El proyecto de ley de Quiebras establece que se contabilizarán como corrido el plazo de 180 días dispuesto en la ley sancionada a fines de enero para suspender las ejecuciones hipotecarias, que deberá finalizar cerca de mediados de agosto o principios de septiembre.
En el caso de Quiebras, que ingresó por Diputados, se impulsa la derogación de la suspensión de ejecuciones judiciales, con excepción de remates y subastas de viviendas y bienes relacionados con la producción fabril y comercial, y la restitución del instituto del "cram down", mecanismo por el cual los acreedores pueden quedarse con parte de la empresa a cambio de la deuda.
El proyecto que deroga la ley de subversión económica contempla la incorporación en el Código Penal (artículo 300) de algunos de los delitos económicos contemplados por esa norma. Ambas iniciativas son reclamadas por el FMI desde hace más de un mes y medio, por considerar que tal como están ahora contribuyen a la inseguridad jurídica (subversión económica) y desalientan el crédito (quiebras).
Esta exigencia obligó al Poder Ejecutivo a sentarse a negociar con los bloques justicialistas de ambas cámaras la redacción de sendos proyectos de ley que se ajusten a las exigencias del FMI, lo que demandó más de dos semanas de intensas negociaciones de diputados y senadores oficialistas con representantes de los ministerios de Economía y de Justicia.
De hecho, en el texto del mensaje que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento con el proyecto de ley de quiebras se deja en claro que la norma cuya aprobación se solicita "para lograr acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales de crédito".
