Pese a que el director de Seguridad del cuerpo, Jorge Fruto, señaló que la evacuación del edificio era "parcial" y destinada sobre todo a que "las mujeres puedan irse a sus casas y no tengan que pasar por la situación que se vivió anoche", lo cierto es que hombres y mujeres estaban siendo desalojados del lugar.

La amenaza de bomba y la orden de evacuar se produjo en momentos en que los legisladores estudian un conjunto de leyes para convertir depósitos en bonos y defender al sistema bancario de una permanente pérdida de fondos.

"La oficina de seguridad del Congreso recibió la llamada y ordenó a todos desalojar. Se evacuaron oficinas de (la Cámara de) Diputados, parece que la orden es también extensiva para las instalaciones del Senado", dijo un portavoz de la Cámara de Diputados.

Fuentes del Senado, donde se definirá el canje de bonos por depósitos dijeron que no habían recibido la orden de desalojo. Pese al pedido de desalojo, algunos legisladores mantenían reuniones para definir una posición ante el proyecto presentado por el gobierno.

Esta situación se dio en el marco de una nueva manifestación de protesta contra el nuevo Plan Bonex. El Congreso había amanecido rodeado de vallas para contener la ira popular contra los legisladores, quienes tienen previsto debatir el martes un plan para canjear depósitos bancarios por bonos del Estado.

El proyecto del gobierno busca frenar una fuga de fondos de los bancos que amenazaba con quebrar todo el sistema, sangría que se mantuvo pese a un congelamiento de los depósitos y gracias a fallos judiciales favorables a los ahorristas que demandaron al Estado por inmovilizar su dinero.

Sobre el mediodía eran cientos los que rodeaban el Congreso y no dejaban ni que ingresara ni que saliera nadie del edificio con el único objetivo de que no se debatiera el proyecto.

"No aceptamos bajo ningún punto de vista los bonos. Queremos nuestros dólares", dijo un manifestante. "Bonos no", rezaba uno de los carteles que llevaba una señora que permanecía desde la madrugada frente al Congreso.

El gobierno y los legisladores manejan dos opciones, pero cualquiera de ellas acarrearía problemas. Si se aprueba el proyecto oficial, la furia de los ahorristas seguramente se expresará en las calles y se corre el riesgo de una revuelta como la que sacudió al país en diciembre.

En cambio, si los legisladores deciden no avalar el proyecto, el presidente Eduardo Duhalde se quedaría sin la herramienta concebida para intentar estabilizar el sistema financiero y avanzar en la reconstrucción de una economía que no crece desde 1998.

Asimismo, un rechazo al proyecto oficial sería interpretado como una señal de debilidad política del mandatario, al ponerse en evidencia la falta de respaldo de los que le permitieron llegar al poder en medio de un caos institucional.