Funcionarios, legisladores del justicialismo y del radicalismo reanudarán hoy las tratativas para superar las diferencias que existen sobre la ley de quiebras, que están centradas en el mecanismo de capitalización forzada conocido como "cram down".
El Gobierno aspira a poder votar el próximo miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto modificatorio de la ley de quiebras sancionado a fines de enero, y así apuntalar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en búsqueda de una ayuda financiera.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna dijo anoche que si se aprueban la nueva ley de quiebras y la de Subversión Económica "se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".
"Todo indica que se logra un acuerdo con el Fondo si se logran estos objetivos", dijo, a la vez que reconoció la falta de apoyo legislativo para su tratamiento inmediato al que considerar que existen dificultades. "Hay algunas dificultades con le ley de Subversión Económica, pero no son un capricho (de los legisladores), son cuestionamientos bastante lógicos", reconoció.
Por su parte, indicó que durante la reunión de gabinete realizada en la víspera, de parte de los legisladores "no hubo una actitud de negativa de modificar la Ley hacia adelante, lo que hubo fue una postura de no liberar a los que hayan sido penados en causas anteriores", en relación a la Ley de Subversión Económica.
El cronograma más optimista diagramado desde el justicialismo para la ley de Quiebras es poder celebrar entre hoy y el lunes próximo un acuerdo con el radicalismo, el martes o miércoles por la mañana emitir un dictamen en un plenario de comisiones y, si es posible, votarlo el miércoles por la tarde en la sesión ordinaria.
En forma paralela, la bancada del justicialismo comenzará hoy a discutir internamente el avance de estas tratativas, aunque la reunión formal para analizar el proyecto de ley de quiebras será el próximo martes a las 19.
En cuanto a la otra norma demandada por el FMI (en realidad, lo que demanda es que la deroguen), las diferencias surgidas en el seno de los dos bloques mayoritarios de la Cámara alta pusieron en duda la posibilidad de que el cuerpo pueda sesionar hoy para tratar la Ley de Subversión Económica.
Los justicialistas Jorge Yoma y Sonia Escudero manifestaron públicamente su rechazo a derogar la norma mediante la cual están investigados empresarios y banqueros, pero se estima que habría al menos media docena de senadores reacios.
Yoma aseguró que si el Congreso derogara la Ley de Subversión Económica, tal como lo reclama el Fondo, se produciría "una virtual amnistía" para los banqueros.
Sus compañeros de bloque sostienen que simultáneamente con la derogación de la ley de Subversión Económica sancionada durante la gestión de Isabel Perón, se introducirían modificaciones al Código Penal para brindar a los jueces los instrumentos necesarios para reorientar las causas. Empero, el riojano Yoma advirtió que, por un principio consagrado constitucionalmente, las modificaciones que se introduzcan al Código para cubrir el vacío jurídico operarían hacia el futuro pero no retroactivamente.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, estimó que la semana que viene el cuerpo legislativo podría tratar en el recinto la modificación a la Ley de Quiebras. Asimismo mencionó que son "cuatro leyes" las que preocupan al Gobierno: la modificación a la ley de Quiebras, la derogación de los artículos vigentes de la ley de Subversión Económica, la salida al corralito financiero y la modificación al CER.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que si bien el Gobierno desea la pronta derogación y modificación de las leyes de Quiebras y Subversión Económica, atenderá los tiempos parlamentarios. "Estamos urgidos por promover la sanción de las leyes, pero respetando los tiempos parlamentarios y atendiendo a que los legisladores están muy comprometidos con el análisis de estas leyes", dijo.
