El FMI manifestó su rechazo a la ley de quiebras actualmente en vigencia -que fue aprobada en febrero por el Congreso paradójicamente a pedido del gobierno- porque, según el organismo, la norma da muchas ventajas a las empresas en quiebra en detrimento de sus acreedores.

Al plantearse esta exigencia, el Gobierno prometió una inmediata sanción de una nueva norma, que busca un mayor equilibrio entre deudores y acreedores. Pero las diferencias entre el proyecto de reforma del gobierno y la postura de los legisladores demoraron la posibilidad de un rápido debate en el Congreso.

Ahora, tras intensas reuniones entre diputados y funcionarios se habría llegado a un acuerdo para que la iniciativa sea aprobada la próxima semana.

"El martes habría despacho de comisión y en la semana se votaría", dijo a corresponsales extranjeros el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Desde el Congreso coincidieron con el funcionario. "Creemos que el martes habría despacho de comisión con acuerdo de todas las fuerzas políticas, para que la misma semana tenga media sanción (de la Cámara de Diputados)", dijo por su parte el diputado José María Díaz Bancalari.

El punto de conflicto entre los legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- con el gobierno gira en torno a la restitución del concepto del "cram down" por el cual un acreedor de una compañía en crisis -o un tercero- puede adquirirla durante el proceso de quiebra.

Al respecto, otra fuente del ministerio de Economía dijo que se analiza un proyecto que demora la aplicación de ese concepto para "permitir a las empresas entrar en mejor situación" y así evitar ofertas de compra a muy bajo precio.

Además, los cambios apuntan a que la tasación de una compañía en problemas sea a valor de mercado y no a partir de sus asientos contables, como pretendía el Poder Ejecutivo.

Tras la devaluación del peso, el valor contable de las empresas locales se redujo considerablemente en dólares.