El proyecto de ley para asegurar el abastecimiento de gasoil y mantener un nivel de precios sufrió un sinnúmero de contratiempos en la Cámara de Diputados, en medio de profundas discrepancias entre los bloques y dentro de ellos, por lo que su tratamiento se difirió hasta hoy.
Los diputados justicialistas de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Arturo Lafalla, mantuvieron numerosos encuentros a lo largo de la jornada, en los que llegaron a elaborar algunos borradores, pero no un texto final que posibilitara firmar el dictamen correspondiente. El último de los borradores apunta a la modificación de los tres decretos que rigen la actividad hidrocarburífera, dictados en su momento por el ex presidente Carlos Menem.
Dichos decretos son los que establecen libertad de precios, libertad de manejo de crudos y libertad en la utilización de las divisas producto de las exportaciones, que se verán afectadas por las propuestas que surgen del último de los borradores y las ideas circulantes que se planean agregar.
Por el artículo primero se establece que durante el período de Emergencia Pública determinado por la Ley 25.561 (de devaluación) se aplicarán derechos de exportación móviles, sin límites, sobre el petróleo crudo y sus derivados, incluido el GLP (gas licuado), debiendo establecer el Ejecutivo las correspondientes alícuotas.
Las mismas deben aplicarse sobre la base de los precios de salida de refinería vigentes al primero de abril de 2002, tomando en cuenta, para ello, las variaciones de los valores del barril de petróleo, medidos a valores internacionales y tomando en cuenta la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso.
Esta redacción modifica el mensaje del PEN que sólo hace referencia al gasoil, mientras que la norma que impulsan los legisladores va mucho más allá, ya que se relaciona con el conjunto de los hidrocarburos, incluso en algunos casos en los que existen excedentes exportables, según hicieron notar algunos de los miembros de la comisión como Gustavo Gutiérrez (PD-Mendoza).
Como contrapartida, algunos legisladores restan importancia a dicho artículo por considerar que las empresas exportadoras ya encontraron los mecanismos elusorios de estos derechos al remitir sus envíos desde Tierra del Fuego, para apelar a las franquicias, o desde Brasil, vía Mercosur, según convenga por razones de costos de fletes.