"Como la mayoría (de los senadores) viajó (a sus provincias), no se consiguieron las firmas para el dictamen de la comisión, por lo que se decidió reunir a la comisión el martes próximo y tener el debate el miércoles", dijo la senadora oficialista Graciela Bar.

El Gobierno necesita modificar esa ley de quiebras y también otra que pena delitos económicos, además de lograr que las provincias den una fuerte señal de que reducirán sus gastos, si es que quiere que el organismo asista al país, que sufre la peor crisis económica, política y social de la historia.

Los cambios a la ley de quiebras aprobados el jueves por la Cámara de Diputados intentan rebalancear la relación entre deudores y acreedores. Según el FMI, la ley original aprobada en febrero favorece a las firmas endeudadas para evitar que, tras la devaluación, las empresas sean compradas a bajo precio.

Además la media sanción al proyecto reimplanta el concepto de 'cram down' -que establece que un acreedor o un tercero pueden adquirir una compañía durante un proceso de quiebra-, además de conservar para los deudores ante una inminente subasta la posibilidad de una prórroga a la ejecución de 180 días corridos.

"Vamos en el tema de quiebras a habilitar el tratamiento. Sin perjuicio que en la reunión de comisión vamos a hacer conocer algunas diferencias", dijo a periodistas el senador radical Raúl Baglini, quien precisó que entre los cambios que se pedirán está uno para impedir que "el cram down no signifique un riesgo de mayor desnacionalización de empresas".