La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a firmar el próximo miércoles un dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema, pero su aprobación en el pleno del cuerpo depende de un acuerdo político en el justicialismo que aún tiene pendiente un debate sobre esta cuestión.
El jueves último, la comisión debió suspender su reunión ordinaria -en la que iba a emitir el dictamen contra la Corte-, porque el pleno del cuerpo trató en la misma jornada la Ley de Quiebras que requería el Gobierno con urgencia. La resolución de la comisión deberá ser aprobada por dos tercios de los presentes en el recinto de la Cámara de Diputados, como condición para que el Senado inicie la etapa del juzgamiento de los jueces de la Corte Suprema.
La comisión que conduce el peronista santacruceño Sergio Acevedo decidió que esta semana se pondrá a la firma el dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte, recomendando al pleno el juicio político de los magistrados bajo el cargo de haber tenido mal desempeño en sus funciones. De esta manera, la comisión comenzará a transitar la última etapa de una investigación que se abrió el 7 de febrero cuando ya se habían presentado unos cincuenta de pedidos de juicio político contra los máximos miembros del tribunal, a quienes acusaron de mal desempeño de sus funciones.
Una de ellas es la sentencia en el caso Smith donde se declaró la inconstitucionalidad del corralito, la cual abrió lugar a que los jueces dicten miles de amparos que obligaron a los bancos a devolver el dinero en forma compulsiva, y que derivó en la votación de una ley tapón para frenar un colapso al sistema financiero.
Por la conducta asumida en esta causa, el justicialista Ricardo Falú -con la firma de Eduardo Di Cola-, ha promovido un juicio político por lo que consideran una contradicción entre el caso Smith y Kiper, donde se mantuvo el corralito. Pero, este dictamen no prosperará en el pleno del cuerpo si previamente no hay un contundente respaldo del justicialismo, que ha dilatado una definición sobre el juicio político a la Corte Suprema, porque debió concentrar su atención en temas económicos como el CER, la ley de quiebras, de subversión económica, y la ley tapón para evitar el colapso del sistema financiero.
Según trascendió de fuentes legislativas, la diputada Elisa Carrió (ARI-Chaco) trabajará en la acusación sobre el desarrollo de la causa por el atentado contra la Embajada de Israel; su par Franco Caviglia (PJ-Capital) seguirá la pista de la investigación por la venta de armas; y José Falú (PJ-Tucumán) estudiará la acusación por el accionar de la Corte respecto del "corralito".
La decisión de la bancada peronista que conduce Humberto Roggero es clave para poder aprobar un dictamen acusatorio ante el Senado porque se necesitan los dos tercios de los votos de los diputados, y esa mayoría sólo se puede obtener con un contundente apoyo del PJ.
