De hecho, el primer mandatario firmó diez minutos antes de partir a España la promulgación de la Ley de Quiebras, en un trámite tan veloz como infrecuente que le permitió llevarse consigo el texto final de la norma que cumple con una de las exigencias del FMI.

Apurado para poder mostrar en Europa uno de los requisitos que el FMI reclama en función de otorgar una asistencia financiera a la Argentina, Duhalde firmó el decreto de promulgación de la Ley de Quiebras en el sector militar del aeroparque Jorge Newbery dos horas después de que fuera aprobada, sin necesidad de leer exhaustivamente el proyecto aprobado por el Senado, confiando plenamente en el secretario Legal y Técnico, Antonio Arcuri, el jefe de Estado. A los diez minutos abordó el avión Tango 01 con destino a Madrid.

El texto, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, fue votado en general por peronistas y radicales, aunque este último bloque planteó disidencias en el tratamiento en particular de la iniciativa.

Una muestra de la urgencia del Gobierno en ver sancionado el proyecto quedó demostrada con la presencia del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, que siguió desde el recinto de la Cámara alta el debate de la ley.

El aspecto central de las modificaciones introducidas a la ley que regula el régimen de quiebras es la reposición del instituto denominado "cram down", que permite que el acreedor de una empresa en quiebra, o incluso un tercero, pueda hacerse cargo de la firma.

La sesión se inició a las 12.4O y se desarrolló con absoluta normalidad, lejos de las estridencias que caracterizaron al debate en la cámara baja, donde la legisladora Alicia Castro dejó una bandera estadounidense sobre el estrado del presidente del cuerpo, Eduardo Camaño. El oficialismo defendió las modificaciones con el argumento de que la nueva norma pone a tono la legislación argentina en la materia, con la vigente en el mundo, en tanto los críticos advirtieron que los cambios a la norma favorecerán la extranjerización de las firmas quebradas, así como la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Con todo, los únicos cuatro legisladores que votaron en contra fueron la frepasista Vilma Ibarra, la sanjuanina de Cruzada Renovadora, Nancy Avelín; el radical fueguino Jorge Colazo y la catamarqueña del Frente Cívico y Social, Marita Colombo.

Durante el debate, varios senadores -como los justicialista Miguel Angel Pichetto y Jorge Busti, y los radicales Raúl Alfonsín y Carlos Maestro- plantearon la necesidad de tratar prioritariamente y por separado una ley que exima del mecanismo del cram-down a las "empresas culturales", entre las que se cuentan los medios de comunicación. Sin embargo, este punto fue aprobado tal como vino de Diputados.

La senadora salteña Sonia Escudero fundó el respaldo del bloque justicialista en la necesidad de contar con "un régimen internacionalmente reconocido", y aseguró que con estas modificaciones "de ningún modo se está desprotegiendo a los deudores". Señaló además que la normativa sancionada en enero, al conjuro de la crisis, cuando se suspendieron las ejecuciones judiciales "protegía excesivamente a los deudores en perjuicio de los acreedores" .

Por su parte, el titular del bloque de la UCR, Carlos Maestro, adelantó que su bloque apoyaría en general la iniciativa, debido a que busca "corregir errores" que fueron incorporados a la Ley de Quiebras durante el verano, y porque "mejora sustancialmente" la normativa vigente.

Destacó además el objetivo de la norma de "buscar un equilibrio entre acreedores y deudores" y de "garantizar la continuidad de las empresas", y resaltó el hecho de que la iniciativa considerada en el recinto había sido "trabajosamente elaborada en Diputados con la participación de algunos senadores". Por otro lado, consignó que, más allá del respaldo en general al proyecto, la UCR mantendría las mismas objeciones planteadas la semana pasada en el debate en particular en Diputados, respecto de los artículos 32 bis y 45 bis, como así también de "la forma en que se determina cómo será la valuación de las empresas".

En tanto, el provincial Ricardo Gómez Diez adelantó su voto afirmativo a la iniciativa por considerar que las modificaciones que incorporaba a la Ley de Quiebras volvían "al buen sendero" a la normativa, dado su objetivo de "buscar un equilibrio entre acreedores y deudores".

En tanto, la justicialista santacruceña Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la votación de hoy era "casi copernicana", porque implicaba volver "en menos de cuatro meses a una aprobación absolutamente contraria" a la que se había dado en enero pasado cuando, entre otros aspectos, "quedó eliminado el cram down".

Por su parte, el justicialista por Santa Fe, Oscar Lamberto, destacó la necesidad de "generar las condiciones de acumulación de capital para que la economía vuelva a funcionar" y, tras señalar que la actual crisis "es peor aún" que la sufrida por el país en 1890 y en 1930, afirmó que "no hay acumulación posible sin vinculación con el mundo".

"Esta Ley de Quiebras es apenas el mojón que perfecciona lo votado anteriormente. No hay que asustarse en la crisis de hacer marchas y contramarchas", afirmó Lamberto, quien criticó a "aquellos energúmenos que creen que estamos entregando al país cuando en realidad lo que se quiere es formar parte de la comunidad de la Tierra".

El radical Raúl Baglini aseguró que "se está asistiendo a un verdadero carnaval que tiende a poner el eje de la discusión en que las leyes están o no aquí porque lo pide el FMI, cuando ése no es el centro del problema" y advirtió que, de ese modo, el Parlamento corre el riesgo de "ingresar a otra serie de discusiones bizantinas".

A su turno, el radical porteño Rodolfo Terragno, adelantó que respaldaría el proyecto en general por tener la "virtud de corregir excesos y errores de la ley sancionada en enero", pero indicó que objetaría lo relativo "a la reducción del período de exclusividad, como así también al a reintroducción del cram down.

El ex presidente Raúl Alfonsín coincidió con el santafesino justicialista Oscar Lamberto en el sentido de que la Argentina padece la crisis más profunda de su historia y con la necesidad de "ordenar las cuentas públicas", pero advirtió que "nunca sobre la base de resignar nuestra soberanía".

La suspensión de ejecuciones judiciales por incumplimiento en el pago de créditos prendarios, hipotecarios y "warrants" finalizará el 30 de junio, aunque se hará efectiva una vez concluida la feria judicial de julio.

También se aplazaron las subastas de bienes afectados a la producción -no así el proceso judicial- de deudores no concursados por 180 días corridos, mientras que por similar plazo de tiempo se suspendieron las medidas cautelares que impliquen el desapoderamiento del bien.

Puntos principales

Los puntos centrales del proyecto son los siguientes:

- Los plazos para suspender las ejecuciones serán de 180 días corridos.

- Se elimina el artículo 11 de la ley 25.563 que suspendía por los 180 días hábiles la apertura del proceso de quiebra.

- Los acuerdos homologados se deberán cumplir desde el 30 de junio del 2002, es decir que no tendrán las prórrogas dispuestas en la ley sancionada en febrero último.

- Se reinstaura el mecanismo conocido como "cram down" por el cual un acreedor o un tercero pueden comprar la empresa.

- El nuevo mecanismo de cram down permitirá al deudor poder competir fuera del plazo de exclusividad, que es el período en que el dueño de la firma quebrada podrá haber una oferta para renegociar su pasivo.

- El precio de la empresa se calculará por su cotización en el mercado y no por el valor contable, y se tendrán en cuenta los bienes intangibles.

- El plazo de exclusividad del deudor se extenderá entre 90 y 120 días, en lugar de 180 días como se proponía en la ley 25.563.

- Los acreedores no podrán hacer una oferta menor que la realizada por el deudor en el período de exclusividad.

- El juez deberá homologar los acuerdos entre acreedores y deudores, siempre que se no trate de una propuesta abusiva.